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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inexistente la omisión por parte de la Unidad Técnica y de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las investigaciones relacionadas con el presunto financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, a través de los sobornos de la empresa Odebrecht.
En sesión nocturna, los Magistrados intercambiaron sus puntos de vista y consideraron como infundados los recursos presentados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sostuvieron que las áreas técnicas del INE realizan “diversas diligencias pendientes de desahogar, para la debida integración y resolución del procedimiento, para cumplir con exhaustividad y eficacia con el esclarecimiento de los hechos; por lo que se declara inexistente la omisión”.
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El pleno resolvió que el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización en contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la probable aportación de Odebrecht en favor de la campaña de su entonces candidato a Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como por un supuesto rebase de tope de gastos de campaña, queja que presentó el PRD desde hace 15 meses.
El sol azteca presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el PRI y el aún presidente Enrique Peña Nieto, por haber financiado la campaña electoral de 2012 de manera ilegal a través de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que habrían sido entregados a Emilio Lozoya, primero como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña y luego como titular de Pemex.
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La denuncia sostiene que el partido y el ex candidato presidencial violaron la normatividad electoral federal en 2012, y pidieron que las investigaciones se amplíen a los comicios del Estado de México celebrados este año y los que están por realizarse en 2018, porque podría haber recursos provenientes de dicha empresa.
El caso Lava Jato, en 2016, reveló una red de corrupción de la empresa Odebrecht en la cual se detallaron la entrega de gratificaciones de dinero y sobornos a funcionarios públicos gubernamental de 12 países, incluido México.
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