La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó esta tarde que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no cometió actos anticipados de campaña y precampaña por su asistencia a eventos proselitistas de los candidatos de Morena a las gubernaturas de este año.

En sesión de este miércoles, el proyecto presentado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso fue aprobado por unanimidad al considerar que las pruebas presentadas por el PRI carecieron de sustento, por lo que resultaron insuficientes para castigar a la mandataria capitalina por su acompañamiento a los candidatos en Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.

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El asunto resuelto hoy se remonta a junio pasado, cuando la Sala Regional Especializada dio el primer fallo a favor de Claudia Sheinbaum y Morena, cuando el partido tricolor acusó a la jefa de Gobierno y su instituto de violar el principio de equidad en la contienda al participar en eventos proselitistas, lo que desde el punto de vista del PRI dejó entrever sus intenciones para postularse a la candidatura presidencial en 2024.

Sin embargo, como lo resolvió entonces la Regional Especializada, la Sala Superior descartó aplicar medidas cautelares en su contra ya que consideró que la mandataria no hizo ningún llamado al voto ni a hizo públicas sus pretensiones para, efectivamente, abanderar a Morena en las próximas elecciones federales.

“La ponencia propone confirmar la sentencia impugnada ya que los agravios expuestos por el PRI son infundados e inoperantes y, por tanto, insuficientes para alcanzar su pretensión”, sostuvo el proyecto SUP-REP-681/2022.

No obstante, aunque la totalidad de los ministros −con la ausencia de José Luis Vargas Valdez− acompañaron la ponencia, Janine Otálora y Felipe de la Mata Pizaña hicieron un llamado para reflexionar sobre la participación de servidores públicos en eventos proselitistas en demarcaciones diferentes a donde ejercen su cargo, ya que no sólo se pone en riesgo el proceso en cuestión sino además la credibilidad de las autoridades electorales.

“De las elecciones calificadas por este órgano jurisdiccional en 2022, ninguna intromisión política resultó en una violación que resultara determinante o que culminara en la nulidad del proceso electoral, sin embargo, considero que el creciente número de denuncias y de elecciones en las que se acredita la intervención de servidores públicos resulta un elemento que no puede dejar de ser tomado en cuenta en futuras controversias en las que se denuncien este tipo de conductas.

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“Y esto, porque el contexto político no se circunscribe en los tiempos legales y a pesar de que no ha iniciado formalmente el proceso para la renovación de la presidencia de la República, la sucesión constituye uno de los temas mediáticos y políticos de mayor trascendencia”, advirtió la magistrada Janine Otálora.