La Sala Superior determinó que veinticinco servidores públicos fueron responsables de entregar recursos de la Secretaría del Bienestar promocionando la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que serán sancionadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ello luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciara a los llamados “servidores de la nación” y a otras personas funcionarias de la Secretaría del Bienestar al considerar que quebrantaron el principio de imparcialidad con el uso indebido de los recursos públicos.
Al entregar las tarjetas bancarias a los beneficiarios del “Censo para el bienestar”, durante el periodo de transición e inicio del mandato del Presidente de México, las personas funcionarias portaban un chaleco con el nombre del Ejecutivo Federal, quien -decían- giró personalmente las instrucciones para otorgar los apoyos.
La Sala Especializada determinó, en su oportunidad, que con dichas acciones los involucrados violentaron la prohibición de utilizar la propaganda gubernamental y los recursos públicos para posicionar el nombre e imagen de otro servidor público, como está previsto en el artículo 134 de la Constitución Política. Atendiendo a la finalidad de la norma –evitar que se utilicen recursos públicos para obtener ventajas indebidas en la contienda electoral— la Sala Especializada atribuyó responsabilidades a tres servidores públicos que cometieron los actos y los difundieron en las redes sociales.
En respuesta, el PRD presentó un recurso de revisión ante la Sala Superior del TEPJF, en el que solicitó sanciones para el Presidente de la República y otros involucrados que fueron excusados porque en el lugar donde cometieron el ilícito no había un proceso electoral en curso. Por su parte, Morena y algunos de los servidores públicos sancionados presentaron un recurso de revisión para que se dejara sin efectos la sentencia.
A propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, en el proyecto aprobado en sesión pública por videoconferencia, se reiteró que, a pesar de beneficiarse con el posicionamiento indebido de su imagen, ninguna prueba demuestra que el Titular del Ejecutivo Federal hubiese orquestado la estrategia masiva de promoción y, al resolver el fondo de la controversia, modificó la sentencia impugnada para fincar responsabilidades a los servidores públicos que habían sido excusados bajo la justificación territorial.
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