Ante el crecimiento de la delincuencia cibernética, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, propone la creación de Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos.

La legisladora Cora Cecilia Pinedo destacó que México es el tercer país a nivel mundial con el mayor número de delitos cibernéticos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el fraude cibernético durante el primer trimestre del año 2019 incrementó en quejas en un 35 por ciento en relación con el 2018.

Recordó el caso más reciente donde se vio afectado el Estado mexicano, cuando la red interna de Petróleos Mexicanos fue víctima de ataques cibernéticos y los agresores solicitaron a la petrolera un pago de cinco millones de dólares.

Dicho ataque obligó a Pemex a apagar sus equipos de cómputo en todo el país, durante horas, inhabilitando los sistemas de pagos, mencionó.

No obstante, reconoció la política criminal de combate a la Comisión de Delitos Informáticos implementada por el Gobierno federal ha logrado contenerlos, sin embargo, el impacto negativo que tiene en la sociedad, de seguridad, en las finanzas y patrimonio de las personas y del Estado, debe prevenirse.

“Es necesario y urgente crear una Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos que cuente con el presupuesto y el personal calificado que permita un combate eficaz desde el ámbito de la procuración de justicia, para que las personas que realizan esta conducta delictiva sean procesados y sancionados penalmente”, declaró la senadora petista.

Pinedo Alonso explicó que la reforma propone modificar los artículos 11, 14 y bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para facultar esta institución en la investigación, prevención y persecución de delitos informáticos.

De ser aprobada la iniciativa, la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos deberá presentar un informe mensualmente al titular de la Fiscalía General de la República sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones y las determinaciones o procesos según sea el caso.

Además, un informe anual al Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos informáticos y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública.

Igualmente, un informe sobre actividades y resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.