El senador Napoleón Gómez Urrutia señaló que además de evadir la responsabilidad frente a los derechos de los trabajadores, el outsourcing también ha sido “una fuente de evasión fiscal’’.
Gómez Urrutia impulsa una iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de subcontratación.
Cabe destacar que son alrededor de 7.5 millones de trabajadores outsourcing en todo el país, subcontratación que realizan 337 empresas en al menos 26 estados de la República; inclusive, hay empresas que han creado su propio insourcing.
El senador explicó que están abiertas las puertas para reunirse con el sector patronal para que conozcan los alcances de la reforma, “pero debe haber una conciencia social y una responsabilidad empresarial de que el país no puede avanzar en esas condiciones, porque además estarían arriesgando la estabilidad laboral del país’’.
“No puede haber paz laboral, sino hay justicia salarial’’, refrendó.
El senador de Morena propone regular de manera más eficaz la subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de todas las personas trabajadoras, garantizando la vigencia de sus derechos laborales y de seguridad social.
Se pretende evitar que las empresas incumplan con sus obligaciones fiscales y respecto al IMSS, cumplan con el reparto de utilidades y el otorgamiento de la seguridad social.
El senador destacó que al permitirse la proliferación de outsourcing, ha dañado derechos siendo responsabilidad del Poder Legislativo contribuir a erradicar dicha práctica, con el propósito de que los otros Poderes de la Unión apliquen las normas que al efecto se precisan con esta reforma, señaló.
“Controlar y regular toda la función de las empresas outsourcing que utilizan procedimientos para evadir su responsabilidad frente a los derechos laborales, entre otros, reparto de utilidades, aguinaldos, servicios médicos, prestaciones y otros’’, apuntó.
Gómez Urrutia destacó que la importancia de la propuesta radica en hacer precisiones e incorporar medidas tendentes a que sólo puedan operar empresas de subcontratación que estrictamente se ajusten a los parámetros de ley, eliminando así, aquellas que operan de manera ilegal, al simular situaciones en detrimento de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y del fisco.
De igual forma, planteó garantizar que este tipo de empresas funcionen conforme a Derecho, por lo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá crear un Registro Nacional de Empresas de subcontratación, dotando con ello de certeza y seguridad jurídica a los contratantes y empleados.
Se propone que la autoridad laboral pueda generar las normas necesarias para la certificación de las empresas contratistas, así como para la creación de un sistema de gestión con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos para llevar a cabo la subcontratación.
Tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) como la Secretaría de Economía (SE), en un máximo de 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las reformas, deberán expedir las normas para crear y aplicar el sistema de gestión para las empresas que realicen las actividades de subcontratación.
La subcontratación sólo podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que las personas trabajadoras que el contratista provee, exijan de una especialización o eventualidad que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal que realice el contratante o beneficiario.