La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República, advierte que enfrentar a la corrupción se vuelve más difícil y prevenirla casi imposible, debido a que es un “fenómeno que se auto refuerza ya que al producir grandes ganancias ilícitas permite que se generen los incentivos para su reproducción’’, reconoce.
Lo anterior ocurrió después de la entrega de un informe al Senado de la República, en el que se detalló que el peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, cohecho, encubrimiento, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, son las principales denuncias que registra la Fiscalía, por lo que destacó que para hacer frente a la corrupción es necesario realizar reformas a la Ley.
De acuerdo con la información, hasta marzo de 2020, recibió 810 denuncias y 348 solicitudes de atracción para un total de mil 158 expedientes; y la carpeta de investigación es de 950 casos.
Las carpetas de investigación iniciadas por dependencia del denunciante, son:
Particulares 350, Secretaría de la Función Pública 109, Fonacot 72, Auditoría Superior de la Federación 33, Unidad de Inteligencia Financiera 32, Secretaría de Economía 16, Secretaría del Trabajo 15, Policía Federal 15, Poder Judicial Federal 12, Pemex 12, Sedatu 11, Secretaría de Hacienda 11, Seguro Social 11, Secretaría de Educación Pública 10, Senado de la República siete, ISSSTE, seis, Fiscalía General de la República seis y Cámara de Diputados seis.
Esas carpetas de investigación tienen que ver con peculado (314), uso ilícito de atribuciones y facultades (136), ejercicio ilícito de servicio público (129), enriquecimiento ilícito (93), abuso de autoridad (69), cohecho (49), delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos (41), ejercicio abusivo de funciones (36), encubrimiento (16), violaciones de los deberes de humanidad (6), fraude (6) e intimidación (5).
El informe de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que envió al Senado de la República, destaca que para hacer frente a la corrupción es necesario reformas las siguientes leyes:
Código Penal Federal; Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y Ley Nacional de Extinción de Dominio.
“Una de las paradojas del combate a la corrupción es que es un fenómeno que se auto refuerza ya que al producir grandes ganancias ilícitas hace que se generen los incentivos para su reproducción. Por ello, enfrentarla se vuelve más difícil y prevenirla casi imposible’’, destaca el documento.
Para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción realice su trabajo más eficaz, pide reformar el marco jurídico relativo a los delitos por hechos de corrupción.
Reformar el Código Penal Federal para que la Fiscalía conozca del lavado de dinero; el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la protección de testigos e imputados colaboradores en hechos de corrupción.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para incluir como actividades vulnerables los actos de contratación pública, las cuales deben reportarse para un seguimiento en la aplicación de los recursos públicos.
Reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que la Fiscalía aplique en los casos de enriquecimiento ilícito, cuando se ocupen aparatos organizados de poder como personas físicas y jurídicas, así como las distintas operaciones para ocultar bienes o introducirlas al sistema patrimonial, financiero y fiscal.
También el peculado cuando el servidor público haga contrataciones con empresas inexistentes -EFOS- o creadas para distraer recursos públicos y tener la posibilidad de darle seguimiento a los capitales.
Y reformas la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para incluir modelos eficaces de recuperación de activos: para incorporar al cohecho y el peculado como delitos donde proceda la extinción de dominio; extinguir el dominio de las empresas que participen en peculado, adicional a la sanción penal, y que sea procedente asegurar los bienes por el sólo hecho de que se hayan obtenido mediante la distracción de recursos públicos, con independencia de quién lo haya hecho. Y dotar a las investigaciones de la Fiscalía de mecanismos ágiles y eficaces para la inmovilización de cuentas, suspensión de cotizaciones en casas de bolsa y gravámenes.