La mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de presupuesto del Alto Tribunal para el 2025, en el que destaca la reducción de sus remuneraciones para percibir una menor cantidad de lo que recibe la Presidenta de la República.
Además, informaron fuentes al interior de la Corte, se rebajará el sueldo de 330 funcionarios, incluidos ministros y funcionarios de alto nivel.
La SCJN informó que “se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo Séptimo transitorio del mencionado Decreto”. Dicho artículo expone que ningún funcionario público puede tener una remuneración mayor a la de la Presidenta de la República.
El mismo apartado legal define una remuneración como “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.
La rebaja salarial se confirma en el mismo proyecto oficial avalado por la Corte al que tuvo acceso El Sol de México, donde establece que “derivado del posible ajuste a las remuneraciones derivado de la reforma Constitucional del PJF, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 y tomando como referencia la actualización salarial que realiza anualmente el Ejecutivo Federal, será necesario contar con los recursos suficientes para la actualización de la totalidad del tabulador de sueldos de la SCJN”.
De acuerdo con la propuesta aprobada por la mayoría de la SCJN, la Corte solicitará al Congreso de la Unión cinco mil 922.9 millones de pesos de presupuesto para 2025, lo que implica una reducción del 1.4 por ciento (en términos reales considerando la inflación para el cierre de 2024), respecto de lo que la Cámara de Diputados autorizó a la Corte para este año.
El proyecto se aprobó por ocho votos a favor y tres en contra de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y el voto parcial de Loretta Ortíz Ahlf.
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La propuesta de la Corte contempla otras posibles afectaciones por la llamada reforma judicial:
“El proyecto de presupuesto refleja el compromiso institucional para atender los posibles impactos de la Reforma al PJF, manteniendo la capacidad operativa y de alcance a los justiciables de la SCJN a partir de su estructura organizativa actual, procurando no comprometer su gestión y alta responsabilidad constitucional y buscando garantizar que se disponga de los recursos humanos, materiales, infraestructura física y tecnología informática necesarios para la atención y trámite de los asuntos que se reciben, y para realizar todas las tareas inherentes a sus deberes institucionales”.
La Corte plantea destinar la mayoría del presupuesto para los llamados “Servicios Personales”, es decir, remuneraciones y prestaciones de las y los trabajadores contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo.
Si bien en este rubro se dieron las mayores disminuciones, el proyecto de la ministra Norma Piña busca duplicar el presupuesto del apartado de “proyectos”.
Pese a la disminución salarial, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien votó en contra del proyecto, publicó un tuit en el que acusó que “se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras”, dado que “no se transparenta la totalidad de conceptos que la integran”.
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