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El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional al artículo 123 que establece la norma de crédito justos y limita los arrendamientos a no exceder el 30 por ciento del salario de los trabajadores, con el propósito de reducir la carga financiera de los trabajadores en el acceso a una vivienda digna en México.
La reforma responde a las crecientes dificultades que enfrentan millones de trabajadores para acceder a una vivienda digna, especialmente en zonas urbanas donde el incremento en costos de arrendamiento y compra supera el crecimiento de los salarios.
La medida busca implementar un sistema de vivienda con enfoque social y se apoya en cuatro ejes fundamentales: primero, proporcionar certeza jurídica y seguridad de tenencia, protegiendo contra despojos y manipulaciones políticas a quienes habitan en asentamientos irregulares; segundo, asegurar servicios básicos como agua, alumbrado y drenaje, y ubicar desarrollos habitacionales cerca de centros urbanos; tercero, ofrecer créditos accesibles y suficientes para los trabajadores; y cuarto, crear un sistema de Vivienda Social que facilite a los derechohabientes la compra, construcción o mejora de viviendas.
La reforma simbolizará un paso decisivo hacia el acceso equitativo a la vivienda, alineando las políticas habitacionales en México con un enfoque de justicia social para miles de trabajadores y sus familias.
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