En medio de un ambiente cargado de tensión, el Pleno del Senado de la República este miércoles inició la discusión de la polémica reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado mexicano, que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para restituir el control público de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La iniciativa presentada el 5 de febrero como parte del llamado “Plan C” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, representa un esfuerzo por devolver al Estado la rectoría del sector energético, en un contexto donde el control de recursos estratégicos como el petróleo y la electricidad ha sido un tema de constante debate.
El dictamen propone revertir la autonomía operativa de Pemex y la CFE, establecida en reformas anteriores, con la intención de que ambas entidades vuelvan a ser controladas directamente por el gobierno federal, como lo establece la modificación al artículo 25.
En cuanto al artículo 27, se pretende blindar la explotación del litio, prohibiendo su concesión a empresas privadas.
En materia eléctrica, si bien se permitirá la participación privada, el dictamen subraya que ésta no deberá prevalecer sobre la CFE, asegurando así que el Estado mantenga el control estratégico del sector.
Además, la reforma establece el compromiso del Estado de garantizar un servicio eléctrico accesible y continuo, con tarifas reducidas, en un esfuerzo por cumplir con su función social.
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Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, adelantó que se espera un debate extenso, pues ya hay 32 intervenciones registradas solo en la votación particular. Estimó que el desahogo de estas tomará al menos tres horas, con lo que se prevé que las deliberaciones se prolonguen hasta la madrugada.