A casi tres años del llamado ‘culiacanazo’, donde integrantes del crimen organizado bloquearon calles y desataron balaceras en represalia por la detención de Ovidio Guzmán, alías ‘El Ratón’, hijo del famoso narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, el Gobierno negó entregar recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para blindar el Campo Militar número 9, lugar que también fue atacado durante aquel 17 de octubre de 2019.
Así lo refieren datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público consultados por El Sol de México, que indican que hasta marzo de este año no se había autorizado ceder los 31 millones 294 mil 122 pesos que el ejército pidió para este fin y cuya intención era iniciar las obras para proteger a las familias que viven en los conjuntos habitacionales militares de Culiacán, Sinaloa, a partir de julio de 2021.
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El llamado ‘culiazanazo’ o ‘jueves negro’ adquirió su nombre luego de que se diera a conocer sobre el fallido operativo con fines de extradición realizado para detener a Ovidio Guzmán, mismo que fue puesto en libertad, ya que estaban en riesgo muchas vidas humanas, según reconoció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador días después. “No se trata de masacres, se decidió proteger la vida y yo estuve de acuerdo con eso”, dijo.
Hechos como el llamado ‘culiacanazo’ y los “narcobloqueos” volvieron a sonar esta semana en la agenda pública del país debido a que ocurrieron diversos ataques armados de grupos del crimen organizado a la población civil en al menos en cinco ciudades del país: Ciudad Juárez, Chihuahua; Zitácuaro, Michoacán; Tijuana, Baja California; Irapuato, Guanajuato y Zapopán, Jalisco.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, se tiene el reporte de al menos 11 personas fallecidas; en Guanajuato el crimen organizado quemó 25 tiendas Oxxo y diversos autos. El propio presidente López Obrador confirmó hace dos días que la violencia en Jalisco y Guanajuato fue en represalia a un operativo de la Sedena, que tenía como intención intervenir en una reunión entre líderes de dos grupos del crimen organizado.
Sobre el Campo Militar número 9, en su momento, la Sedena argumentó que “las condiciones de seguridad que ofrecen las bardas perimetrales que resguardan las instalaciones tanto del Campo Militar como de las Unidades Habitacionales Militares resultaron insuficientes (...) cuando grupos delincuenciales irrumpieron, amenazaron y efectuaron disparos dentro de las casas habitación”.
Por ejemplo, señaló que en las Unidades Habitacionales Militares Barrio II y III “se originaron daños en los protones de acceso vehicular (...) mismos que recibieron un total de 5 impactos de bala”. Aunque otros reportes refieren que la unidad también fue atacada con granadas que no pudieron explotar al faltarles distancia y que el comandante de la Zona Militar también sufrió tres intentos de emboscada que fueron fallidos.
De acuerdo con la dependencia, al no contar con estas mejoras no se puede garantizar la seguridad de los 800 efectivos militares que laboran en el Campo Militar ni la calidad de vida de las 96 familias de las Unidades Habitacionales. Tampoco la integridad de las personas que acuden al Campo a realizar diversos trámites administrativos.
Además, señaló que el alojamiento del cuerpo de seguridad no cuenta con un depósito de armas, lo que provocaría que, de caer en manos del crimen organizado, “se generaría una situación de peligro para el personal militar y la población civil”.
“La experiencia vivida por el ataque al Cuartel y a las UU. HH. MM. dejó un precedente, no existen las condiciones de respuesta ante una agresión armada de esta naturaleza”, concluyó la Secretaría.
Una segunda alternativa que propuso la Sedena fue establecer 60 elementos militares más en el Campo Militar y 30 más en las Unidades Habitacionales. Sin embargo, la propia dependencia reconoció que esta acción sería insuficiente debido a la extensión perimetral del Campo. Además, aseguró que esto significaría “distraer tropas empeñadas en la seguridad a los habitantes de 84 localidades marginadas, ubicadas en el área norte de Culiacán, que es donde se concentra el 90% de la presencia de personas armadas”.
