El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas determinó hoy que el activista Damián Gallardo Martínez fue víctima de tortura durante años, lo que representa una violación a la convención internacional contra estos abusos suscrita por México.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas determinó hoy que un profesor y activista mexicano, Damián Gallardo Martínez, fue durante años víctima de tortura en su país, en violación de la convención internacional contra este tipo de abusos.
De acuerdo con el comité, Gallardo Jiménez fue detenido y torturado durante cinco años "por un crimen que no cometió", contraviniendo la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, en vigor desde 1987.
Damián Gallardo Martínez, activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue detenido en 2013 en el estado de Oaxaca sin una orden judicial, luego de participar en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El comité, compuesto por 10 expertos y presidido por el mexicano Claude Heller, recordó que el activista fue privado de la libertad y estuvo incomunicado dentro de un centro de detención clandestino, donde agentes de la policía lo golpearon para conseguir información sobre otros manifestantes.
El activista denunció que le hicieron firmar unos documentos en blanco bajo amenaza de dañar a su familia, que fueron utilizados más tarde como una supuesta confesión por la que fue acusado de participación en crimen organizado y el secuestro de dos jóvenes.
Luego de recibir sentencia de un juez, Gallardo fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.
Gallardo denunció haber sido golpeado brutalmente, sometido a revisiones bucales y anales, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día durante el tiempo que pasó recluido.
El comité concluyó que el proceso penal iniciado contra el activista se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales y exhortó a México a tomar las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición.
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