La aprobación de la reforma judicial en México, principalmente en el apartado que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular, podría agravar el problema de la inseguridad en el país, advirtió la magistrada Elisa Jiménez Aguilar y la vocera de trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo Bernal.
La impartidora de justicia adscrita al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de la CDMX apuntó que la implementación de los comicios para elegir a impartidores de justicia podría abrir la puerta a la injerencia y financiamiento de jueces y magistrados por parte de poderes fácticos, como el narcotráfico.
Inclusive, refiere Jiménez Aguilar, la reciente detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘el Chapo’; podría modificar el esquema del crimen en el país, situación que, ante una eventual elección de jueces y magistrados, conllevaría múltiples riesgos.
“La inseguridad en nuestro país ha permeado en todos los niveles de gobierno (...) La delincuencia organizada es un tema, hoy por hoy, que ha rebasado a la gobernación. Con la detención de estos narcotraficantes va a haber un reacomodo por la situación del problema de inseguridad. No se tienen las herramientas ni la logística (en la reforma) para poder combatir el crimen organizado. Ese es uno de los problemas de los puntos de la reforma”, explicó la magistrada Jiménez en entrevista con El Sol de México.
La vocera de trabajadores independientes del Poder Judicial de la Federación, Patricia Aguayo Bernal, también advierte que los preceptos actuales de la reforma judicial en torno a la elección de impartidores de justicia abre la puerta al financiamiento de diferentes entes, como puede ser el crimen organizado:
“Dicen que no se va a poder que te apoyen económicamente los partidos políticos. ¿Y entonces de dónde vas a obtener el dinero para llevar a cabo una campaña de tipo político? Porque finalmente eso es. ¿Quién te va a financiar? Y aquí es en donde se ha hecho la mención de que los poderes fácticos como narcotraficantes o grandes empresarios con intereses”, cuestiona la también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.
“Y entonces, cuando ya seas designado juez o magistrado, ¿cómo le vas a tener que cumplir a quién te apoyó económicamente?”, agrega la trabajadora del PJF.
La reforma al Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con el dictamen de la Cámara de Diputados, prevé que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. Las propuestas que llegarían a los comicios serían enviadas por los tres Poderes de la Federación. Es decir, un determinado número de candidatos serían nombrados por el Poder Legislativo, otro número por el Poder Ejecutivo y otro tanto por el Poder Judicial.
“¿Quiénes son los que están con la mayor cantidad de votos, al menos en el Legislativo? Pues el partido en el poder. Pero además, en el Ejecutivo, también está el partido en el poder. Lo que deja en desventaja al Poder Judicial, porque van a tener mayor número de candidatos el Legislativo y el Ejecutivo, y que finalmente van a tener que sujetarse a las nuevas normas, llevando a cabo una promoción de esa candidatura, haciendo campaña como si fuera un político cualquiera”, refiere Aguayo Bernal
“Personal y titulares no vemos la reforma con buenos ojos; constitucionalmente esta reforma es una locura, es una total aberración. Es una reforma que no es bienvenida porque afecta a los trabajadores no solo en lo personal, en lo profesional, en lo laboral; sino también en su trayectoria de servicio profesional de carrera”, asegura la magistrada Elisa Jiménez.
La magistrada también indica que, otro de los problemas de la reforma judicial en cuestión de seguridad, es que no se plantea un ajuste a la procuración de justicia total del país; es decir, no incluye a fiscalías, ministerios públicos ni agencias de investigación del delito.
“El presidente ha señalado que el país vive con una gran inseguridad (...) y dice que todo lo que está aconteciendo como un problema de inseguridad es culpa de los jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, porque ellos gozan de privilegios, porque ellos liberan a delincuentes, porque ellos son la mafia del poder. Sin embargo, no hay que confundir inseguridad o seguridad con justicia”, explica Jiménez.
“Lo que no dice el presidente es que el tema de seguridad es responsabilidad del Poder Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales y municipales. ¿A través de qué? A través de las fiscalías, a través de los cuerpos de seguridad policial, que deben de tener todo una estructura orgánica”, explica.
Jiménez Aguilar, quien también fungió como jueza penal, advierte que, en la mayoría de casos en los que un presunto criminal es liberado, la razón es que los ministerios públicos de las fiscalías no acompañan adecuadamente las carpetas de investigación.
“Si dejan en libertad a un delincuente no es porque haya corrupción, es porque simple y sencillamente una carpeta de investigación no se integró, no se acompañaron las pruebas, no hubo dictámenes periciales; no es responsabilidad del juez, es responsabilidad de la fiscalía”, apunta la impartidora de justicia.
La magistrada recuerda que llegó a recibir casos donde el mismo presunto criminal testificaba sobre la forma en que cometió un homicidio o feminicidio; sin embargo, en varias situaciones las fiscalías no acompañaban los testimonios con pruebas necesarias y por ello, ante el principio de presunción de inocencia en el sistema acusatorio que rige en México, debe quedar en libertad el imputado al no acreditarse el delito.
“Recibía asuntos de algún feminicidio en donde estaba la confesión del inculpado de que él había asesinado a esa persona, él narraba los hechos; pero la gente del Ministerio Público no acompañaba las pruebas que aludía el inculpado, no las acompañaba, no recababan los testimonios de testigos, las pruebas periciales, todas esas pruebas no las acompañaban y entonces, ante la insuficiencia de pruebas ,se tenía que dejar en libertad, porque hay que tomar en cuenta que hay un principio de presunción de inocencia”, explica la magistrada.
La reforma al Poder Judicial actualmente es discutida por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, luego de que el pasado 5 de febrero el presidente López Obrador envió la iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión.
Tras la elección de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta del país, el Poder Legislativo programó una serie de foros de discusión con la participación de actores, especialistas, trabajadores y juzgadores involucrados en la reforma. Dichos foros culminan el próximo 8 de agosto, y tras ello, se comenzará a discutir si el dictamen de reforma pasa tal como está para su discusión, y si se le realizan cambios.
El pasado 1 de agosto, la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a través de su Relatora Especial sobre la independencia de jueces y magistrados, Margaret Satterthwaite, envió una carta al presidente López Obrador donde alertaba una posible afectación a la independencia judicial con una eventual aprobación de esta reforma.
No obstante, AMLO reviró un día después, en conferencia de prensa: “¿Por qué se meten si es un asunto que tiene que ver con la Constitución?”
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“¿Dónde está lo inconstitucional?, ¿dónde está lo ilegal? (...) “No sé a quiénes representa (la relatora especial de las Naciones Unidas), es problema de cómo las oligarquías en el mundo han ido controlando a todos estos organismos”, agregó el mandatario mexicano, quien ha insistido en la necesidad de una reforma judicial.
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