La disposición del Congreso de Aguascalientes para reducir de 12 a 6 semanas el límite para interrumpir un embarazo es insostenible desde el punto de vista científico o bioético e incluso religioso.
Es una regresión a los derechos humanos de las mujeres, sostiene la ginecología moderna porque la mayoría de las mujeres no están seguras de su embarazo a las 6 semanas.
Si ese es el límite ya no tendrían tiempo de tomar una decisión consciente, afirma la Asociación Americana del Embarazo.
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¿Cómo se determinó el plazo de 12 semanas para la interrupción legal del embarazo?
Mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir han argumentado que el límite de 12 semanas no es capricho, sino que se originó en la lectura de los padres de la iglesia.
San Agustín y Santo Tomás de Aquino dieron la clave para ese límite bioético porque estos dos filósofos sostuvieron que el alma no entra al feto hasta los 90 días de la gestación.
Desde el punto de vista científico y jurídico, Jorge Carpizo, ex rector de la UNAM, afirmó que las 12 semanas se establecen debido a que hasta ese periodo un feto no ha desarrollado la corteza cerebral.
“Dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, ni una persona, tampoco un ser humano. El embrión no tiene las condiciones que particularizan al ser humano, en virtud de que carece de las estructuras, las conexiones y las funciones nerviosas necesarias para ello y, desde luego, es incapaz de sufrir o de gozar. Biológicamente no puede considerársele un ser humano".
Hoy la decisión del Congreso, dice la ex diputada Martha Tagle, hace inviable lo que se ha avanzado, porque la reducción a 6 semanas hace casi imposible acceder a este derecho pues para notar y confirmar un embarazo pasan al menos 4 semanas.
Respecto a calcular el embarazo, es difícil saber exactamente cuándo se produjo la ovulación, por lo que el embarazo siempre se determina a partir del primer día de su último periodo menstrual (LMP).
La doctora Jen Villavicencio, una ginecoobstetra que da conferencias en la Universidad de Medicina de Michigan y también es miembro del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, señaló hace dos años -en el contexto de la reducción a seis semanas en Texas- que entre 45 y 49 por ciento de los embarazos no son planeados.
¿Qué implica la reforma sobre el aborto que aprobó Aguascalientes?
Además de reducir el número de semanas de gestación en que se podría acceder al aborto en la Aguascalientes, la iniciativa presentada ante el Congreso local en materia de interrupción del embarazo también hace unas modificaciones a las causales para abortar:
Elimina las causales de riesgo a la vida y la salud.
Solicita que en casos de alteraciones genéticas dos médicos certifiquen la gravedad para dar la autorización
Elimina la causal imprudencial, aborto accidental y crea una nueva sobre aborto espontáneo en la que dos médicos tienen que certificar que fue espontáneo y no provocado.
De acuerdo con la abogada Nilde MolRe, esto último es imposible de corroborar porque no existen pruebas de laboratorio, químicas o físicas en las cuales se pueda determinar esta situación.
Los abortos espontáneos, accidentales e inducidos tienen las mismas características.
“Esto pone en riesgo de criminalización a todas las personas con posibilidad de gestar pero en especial niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas indígenas, de bajos recursos”, señala la abogada.
La reforma al Código Penal fue presentada por 20 de los 27 legisladores, entre ellos integrantes del PAN, PRI, PRD, Morena y el PVEM, mientras que una ley “para la protección de la vida” fue enviada por Teresa Jiménez
Pasaron ocho meses para que el plan del gobierno de la panista Teresa Jiménez para impulsar una contrarreforma a la despenalización del aborto en Aguascalientes pudiera concretarse.
“Es un retroceso hacia los derechos ya ganados y peleados por nosotras, esta iniciativa de hecho es peor que lo que teníamos antes en la Ley. Se buscarán las medidas legales ya que el Congreso no entiende de diálogos, nuevamente iremos a la Corte ”, dice Angélica Contreras, integrante de la organización civil Cultivando Género.
La despenalización de la interrupción del embarazo en este estado ocurrió en las primeras semanas de diciembre de 2023, cuando ocho integrantes del Legislativo votaron –en secreto– para avalar el cambio de ley que, en agosto de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les había obligado a realizar tras un proceso de amparo impulsado por cuatro organizaciones locales, entre ellas Cultivando Género y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Presionada por grupos conservadores y de ultraderecha –bastión electoral de Acción Nacional–, la mandataria reprobó el hecho días después de la aprobación. Luego, en un video donde aparecía con integrantes de la bancada del PAN en el Congreso, anunció un plan legislativo para combatir el cambio de ley.
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“El Gobierno del estado, y en lo personal como gobernadora de Aguascalientes, somos provida. Nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar ningún aborto, a pesar de que la Suprema Corte ha resuelto que suceda alguna situación en el Congreso”, dijo entonces la gobernadora.
La ley no obliga a ningún personal médico a realizar interrupciones del embarazo, pero sí obliga al Estado a contar con especialistas que puedan realizarlo.
Jiménez nunca se ha reunido con grupos feministas, pero sí lo ha hecho, por ejemplo, con el Frente Nacional por la Familia, con quienes incluso ha firmado acuerdos de política pública.
A partir de la entrada en vigor de la reforma, toda mujer o persona gestante que decida concluir con su embarazo después de las seis semanas será castigada con cárcel de entre 3 y 6 meses y el pago de 500 a mil días de multa. La sanción para el personal médico que lo practique es mayor: de 6 a 1 año de prisión y de mil 500 a 2 mil días de multa.
La reforma no sólo sanciona a las mujeres que por decisión propia decidan abortar, sino también a aquellas que lo hagan de forma involuntaria, pues se extiende la sanción penal para las que cometan aborto de forma culposa, es decir, de forma espontánea o por algún tema de salud.
Y pone un obstáculo más: dos médicos especialistas diagnosticarán si existe “razón suficiente para determinar que el aborto fue espontáneo o que el producto presenta alteraciones genéticas”.
La propuesta de reforma al Código Penal llegó al Congreso apenas el 23 de agosto pasado, el mismo día fue turnada a la Comisión de Justicia, presidida por el también panista Luis Enrique García López, investigado por un desfalco millonario en el Congreso, revelado en una investigación periodística en 2021.
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“El derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, aunque esencial, no se considera absoluto en todos los casos. Este derecho debe equilibrarse con otros derechos igualmente importantes, como el derecho a la vida”, señalaba la iniciativa, que incluye argumentos sin aval científico, como que las mujeres que deciden abortar sufren de “trastornos psiquiátricos como respuesta a una desregulación emocional”.
Añade que Aguascalientes es “el primer estado familiarmente sostenible en el país”, aunque la entidad ha ocupado los primeros lugares en el país en casos relacionados con violencia intrafamiliar y contra las mujeres.
Angélica Contreras, de Cultivando Género, explica que tras la despenalización al menos 70 mujeres y personas gestantes accedieron al aborto seguro en clínicas del estado. La organización también percibió menor temor a pedir informes, sin embargo, el sistema de salud local siguió obstaculizando el acceso a la interrupción y con las organizaciones sociales que lo promovieron el gobierno cerró por completo el diálogo.
“Lo que vimos fue un cambio en el ánimo de las personas, el problema fue que eso no se vio reflejado en los servicios de atención, porque si bien hay aliadas dentro de estos sistemas, otras personas buscaron sobre todo obstaculizar a partir de, por ejemplo, decirles que tenía que pasar su caso al Comité de Aborto para que éste evaluara y pudiera decidir si sí o si no podía proceder, esto además de cuestionar la decisión de ellas, retrasa el procedimiento al volverlo un tema burocrático, y entonces luego ya había pasado la temporalidad permitida, que es de 12 semanas. Con la reforma será peor porque criminaliza aún más”.
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