Los altos niveles de violencia, consecuencia del deterioro de las condiciones socioeconómicas y de seguridad, así como la presencia de megaproyectos, como carreteras, que estarían produciendo desalojos forzosos, y la desigualdad social, han provocado que unas 700 mil personas sean, hoy, desplazados internos en El Salvador, Guatemala y Honduras, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre Desplazamiento interno en el Triángulo Norte de Centroamérica.
El documento destaca que, de la información disponible, dicha situación surge como consecuencia de la violencia de organizaciones como pandillas o maras, y carteles del narcotráfico, pero también en algunos casos como consecuencia del accionar de agentes estatales.
También alerta de cómo se viene generando una práctica de desalojos forzosos que conllevan al desplazamiento interno en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas, en plena violación a derechos humanos.
”La CIDH ha sido informada que las situaciones de violencia generalizada se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el desplazamiento interno de personas, grupos familiares y comunidades enteras en la región del Triángulo Norte”, destaca el documento, tras advertir que las personas desplazadas internas en estos países se ven expuestas a situaciones de alta peligrosidad, llegando a ser víctimas de abusos, violencia física y sexual, trata de personas o de explotación y viajes peligrosos.
“Al contexto de violencia y discriminación estructural que enfrentan las mujeresy las niñas, se suman los riesgos ligados al control de grupos criminales, cuya influencia se extiende al espacio público, escuelas, comercios y los centros penitenciarios”, subraya.
La información recibida por la CIDH, dependiente de la OEA, sobre los tres países de la región da cuenta, también, de obstáculos por parte de los Estados para brindar respuestas frente a las denuncias realizadas y frente a las demandas de protección de las víctimas de las situaciones de violencia y de desalojos que se ven forzadas a desplazarse.
Entre las recomendaciones que el organismo regional hace a Guatemala, El Salvador y Honduras está una respuesta institucional efectiva, aunque advierte que los mecanismos de protección y atención a la población desplazada son insuficientes y/o inexistentes a causa de la falta de reconocimiento integral y visibilidad oficial sobre la problemática.
Asimismo, pide adoptar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia y otras medidas de reparación de los desplazados, sin discriminación y en condiciones de dignidad y seguridad, además de una mayor participación social, mayores presupuestos y cooperación regional, pero también internacional.