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Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Más allá de los discursos y las polémicas mediáticas me parece que un problema objetivo del actual gobierno y su mayoría legislativa en los primeros 100 días de mandato del Poder Ejecutivo ha sido el descuido técnico de algunas de las iniciativas legislativas que han sido presentadas o incluso aprobadas. Es legítimo y válido que el gobierno en turno, cuando cuenta con una amplia mayoría legislativa, impulse cambios a la constitución y a las leyes del país. En todos los estados democráticos los gobiernos con mayoría intentan transformar las instituciones y las prácticas políticas a través del derecho. Y, como ha sido en este caso, intentan hacerlo pronto.
El problema es que el instrumental jurídico tiene muchos rigores y exigencias. Si las leyes –o sus reformas- se procesan y aprueban al vapor son inútiles para lo que se proponen o susceptibles de control judicial. El papel de los jueces es, precisamente, el de revisar y validar los actos del gobierno y del poder Legislativo. De eso se trata la tradicional teoría de la división de los poderes. Por eso decimos que el poder Judicial es el guardián último del orden constitucional y de nuestros derechos. De hecho, la imparcialidad y la independencia judicial son condición necesaria para la garantía de nuestras libertades, dicen los clásicos.
Pienso en cuatro piezas legislativas que han generado mucha polémica en estos cien días y que, por su forma o contenido, podrían ser anuladas por los jueces:
Primero, la creación de la Guardia Nacional que, si bien fue el resultado de un amplio debate público y al final se aprobó en su mejor versión posible, jurídicamente es vulnerable. La razón se encuentra en el artículo quinto transitorio que, aunque está bien redactado, contradice el impedimento constitucional y convencional (de fuente internacional) de utilizar a las fuerzas armadas para tareas de seguridad de manera permanente. Es cierto que se habla de cinco años pero no se justifica ni motiva la decisión y el periodo establecido que cubriría casi todo el sexenio en curso.
Segundo, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que estaba tan mal redactada que, en un primer momento, fue objeto de múltiples impugnaciones ante la justicia y, posteriormente, está siendo reformada por el propio poder que la emitió. Sacaron una iniciativa mal hecha de un cajón y la aprobaron sin tomar en cuenta la incertidumbre y problemas jurídicos que ello causaría.
Tercer caso, clamoroso, la reforma constitucional artículo 19 constitucional que viola el principio de presunción de inocencia y contraviene compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.
Finalmente, la iniciativa –que, por ahora, es solo eso- para reformar la Ley de Ciencia y Tecnología que –como ha dicho Antonio Lazcano- ha generado un divorcio entre la comunidad científica y el gobierno. En ese caso a los problemas de concepción se suman defectos de técnica jurídica que podrían confrontar ante los tribunales a los científicos con el CONACYT.
Si el gobierno y su mayoría legislativa quieren impulsar los cambios que se proponen deben hacerlo con escrúpulo jurídico. De lo contrario, su proyecto puede quedar trabado en la mesa de los jueces. Y la culpa no será de estos últimos –que, de hecho, para eso están- sino de que quienes no cuidaron sus iniciativas y sus piezas legislativas. No olvidemos que en los estados modernos el derecho debe someter al poder y no viceversa.
