Sin explicación alguna, el gobierno federal canceló la presentación del informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que solo fue entregado a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en una ceremonia privada.
Así lo denunció el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al recalcar que esta es la primera vez en los casi 29 años de historia de la CNDH que un titular del Ejecutivo federal no recibirá de manera personal el informe anual de ese organismo.
“Es desalentador para la defensa de los Derechos Humanos, en un principio tenía la receptividad del presidente de la República de que habría ceremonia, algo paso en el camino, si hay un reproche creo que la sociedad debería de conocerlo, al final no se a que haya obedecido el cambio de directriz”, dijo el defensor de los derechos humanos.
Luego de entregar el informe, González Pérez leyó un texto en el que señala que no será debilitando la institucionalidad democrática ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legitimo ejercicio de derechos a disentir, que México avanzara en la ruta de la legalidad del respeto a la dignidad humana.
En entrevista posterior, el ombusperson dijo que desde enero pasado se hizo la solicitud al gobierno federal para la presentación del informe, y no fue sino hace unos días que se nos informó que se cancelaba y que se entregara a la Secretaria de Gobernación.
“Los derechos humanos no son de izquierda o derecha, no son de ideología ni tienen partidos políticos, respondemos a una lógica de defender la dignidad humana, le he reiterado a los poderes públicos que en política se tiene adversarios, la CNDH no tiene adversarios y la mejor oportunidad que tenemos nosotros de es presentando el diagnostico de los Derechos humanos, y también es la oportunidad de escucharlos a ellos”, dijo.
En su discurso indicó que es claro que en el pasado existieron graves deficiencias y omisiones por parte de las autoridades de los distintos niveles y ámbitos del gobierno, sin embargo, “esos problemas previos sólo pueden servir para explicar la situación actual, mas no para justificar que no se actúe o pretender desviar con ello la atención de los verdaderos problemas de fondo”.
La autoridad que actuó indebidamente en el pasado debe ser investigada y sancionada, la autoridad que en el presente no actúa procurando el respeto y vigencia de esos derechos, así como del marco jurídico vigente, viola derechos humanos y, eventualmente, genera responsabilidades de índole diverso.
Dijo que la falta de apoyos a las estancias infantiles y refugios, a las instancias encargadas de la atención de las personas con discapacidad, así como la descalificación de las organizaciones de la sociedad civil, de grupos de periodistas y comunicadores, y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas, son algunos de los temas que se tendrían que revisar buscando la mayor protección y vigencia de los derechos.
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