La organización Artículo 19, encargada de la defensa de la libertad de expresión en el país, negó que empresas extranjeras financien sus actividades, como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.
A través de un posicionamiento, el Consejo Consultivo de la Oficina de México y Centroamérica de Article 19 respondió que el presidente puede verificar que no hay “empresas extranjeras” financiando sus actividades, sino fundaciones y gobiernos que apoyan proyectos de la sociedad civil en decenas de países alrededor del mundo.
“Parte del financiamiento proviene de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos, que también ha aportado fondos para iniciativas en derechos humanos en las que participa el propio gobierno federal”, explicaron.
Esto ocurre luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara que Sanjuana Martínez, directora de Notimex, orquestó una red de ataques cibernéticos contra críticos del gobierno orquestada desde la dirección de la Agencia de noticias, razón por la cual el presidente arremetió contra la organización impulsora de dicha investigación, a quienes acusó de formar parte de “movimiento conservador”.
Al respecto Artículo 19 respondió que lo dicho por el mandatario mexicano “es una muestra más de una creciente intolerancia a la crítica y a la información incómoda para el gobierno federal”.
“Somos un grupo de personas dedicadas al periodismo, las leyes y el activismo por los derechos humanos y que coincidimos plenamente en la necesidad de una ciudadanía libre de expresarse sin intimidación o violencia y de llamar a cuentas a los gobernantes. Son dos banderas que también formaron parte de la agenda que López Obrador enarboló en sus campañas presidenciales”, señalaron.
Sobre la investigación realizada a Notimex, trabajo colaborativo con Aristegui Noticias y SignaLab de la Universidad de Guadalajara, explicaron que dicho trabajo fue elaborado “en total consonancia con uno de los objetivos de la organización: llamar a cuentas el abuso de poder para afectar la libre expresión”.
Respecto a sus labores en el país, que datan del año 2008, resaltaron haber “dado la batalla por defender a periodistas del acoso del poder y procurar el acceso de la ciudadanía a información pública y a tecnologías de comunicación libres de la censura”.
Para muestra de ello señalaron que sus informes anuales son un compendio de cómo la libertad de prensa, el acceso a la información y los derechos digitales se han deteriorado en México a lo largo de los últimos años.
También resaltaron que, entre sus logros, en “casos más emblemáticos de la libertad de expresión”, se encuentra haber encabezado la defensa legal de la periodista Lydia Cacho, quien denunció la tortura que sufrió en su labor informativa luego de develar una red de prostitución infantil o haber formado parte del grupo de organizaciones que reveló el uso del software Pegasus para espiar a periodistas y activistas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre otros.
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En un último punto explicaron que también estuvieron a la cabeza de la defensa legal de la misma Sanjuana Martínez, cuando su trabajo periodístico le provocó una demanda por daño moral. “El equipo legal, encabezado por el hoy director de la Oficina, Leopoldo Maldonado, logró que la demanda fuera retirada”.
“No es nuevo en el trabajo de ARTICLE 19, una organización fundada en Londres en 1987 y que en tres décadas ha trabajado para abrir libertades en regímenes autoritarios. Lo que nos preocupa es que México esté cayendo en lo mismo”, finalizaron.
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