Una organización conformada por ciudadanos chinos en México, Estados Unidos y China, trafica especies marinas desde las costas mexicanas hasta Asia con fines afrodisíacos. Una de ellas, la más importante por su precio, es la del pez totoaba, cuya vejiga natatoria valorada en el mercado a precios similares a los de la cocaína, se ha vuelto tan demandada en restaurantes de élite de los tres países que ya es un problema de seguridad nacional. Esta investigación revela cómo a la par de este problema, los jóvenes de los pueblos pesqueros “buchonean” por la fiebre de la totoaba, las negociaciones trilaterales están paradas, no hay trabajos de inteligencia, las judicializaciones están en picada, y la procuración ambiental solo tiene encías, evidenciando así las fallas del sistema judicial en México.
La abogada Aideé Lara recibió una llamada la mañana del 16 de agosto del 2014. Su fuente le dijo que, a la salida de Mexicali, Baja California, habían detenido a tres ciudadanos chinos que llevaban vejiga natatoria del pez totoaba, una especie traficada desde la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California, en México, hasta China, cuyo costo en Asia se equipara al de la cocaína.
Aideé, quien era subdirectora de delitos federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cumplía su primera semana para poner orden contra los traficantes de totoaba, frente a las carencias penales en el área jurídica de Profepa. Se dirigió hacia las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Mexicali. Después de un ir y venir sin información de la ubicación de los aprehendidos, los agentes presentaron a Li Yuan Chua y Zhang Jingzan.
En las instalaciones, Aideé se percató que faltaba un detenido. Al acercarse, uno de los chinos arrestados, temeroso, le platicó de manera voluntaria que “el patrón” fue liberado por los policías gracias a un soborno cuantioso, pero no dijo cuánto. Sólo él fue trasladado junto con su jefe inmediato, el dueño de un restaurante de comida china en Tijuana.
Chua y Jingzan hablaban español, incluso con groserías, aunque al llegar la noche y ser llevados a declarar, desconocieron el español y comenzaron a usar el mandarín. La subdirectora buscó a un traductor, pero no lo encontró. El abogado defensor de los chinos llevó a un representante de la comunidad china en Baja California, quien comenzó a traducir para las autoridades, pero al parecer no lo que realmente dijeron. Finalmente, llevaron su proceso en libertad.
Las vejigas natatorias o buches, como las que transportaban Chua, Jingzan, y “El patrón”, han sido motivo de disputas entre grupos criminales de pesca furtiva en los poblados del Golfo de Santa Clara, Sonora, y en San Felipe, Baja California. Todo para que se convierta en una sopa gourmet o la enmarquen en sus hogares como símbolo de poder, como lo demandan las élites en China a unos 13 mil kilómetros de esta zona, y que ha derivado en la casi extinción de la vaquita marina al quedar atrapada en las redes de pesca de totoaba. Ahora quedan menos de 10 ejemplares de este cetáceo endémico del Alto Golfo de California, según el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva).
Toda esta compleja cadena es posible gracias a una red transnacional controlada por el Cártel del Dragón. Aunque esta estructura no se autodenomina de esa manera, las narraciones de las fuentes consultadas atinan a llamarla así por el carácter de sus operaciones. Se integra de chinos, estadunidenses y mexicanos en China, Estados Unidos y México, quienes asentaron una estructura en Mexicali, Baja California, donde algunos empresarios del giro restaurantero y de distribución de producto marino, son quienes se organizan con intermediarios, pescadores furtivos y autoridades de distintos niveles, de acuerdo con documentos internos, 50 solicitudes de información, una treintena de entrevistas a funcionarios y ex funcionarios de alto nivel, pescadores furtivos, líderes pesqueros, y un recorrido de 12 días en las áreas de influencia.
Una investigación de CONNECTAS en alianza con Diálogo Chino, Emeequis y El Sol de México, detectó que de los 42 expedientes abiertos durante el periodo 2012 a febrero del 2021, no se refleja un sólo golpe contra cabezas del Cártel del Dragón y, además, los resultados contra el eslabón furtivo se van en picada: hay dos sentencias condenatorias, cinco no ejercicios de acción penal, cinco en alguna etapa de juicio oral y 30 en trámite. Es decir, un índice de efectividad del 4.7%, de acuerdo con varias solicitudes de información obtenidas vía la Ley de Transparencia de la Profepa y la Fiscalía General de la República (FGR).
En estos expedientes, la autoridad pidió 23 reparaciones de daño ocasionados a esta especie y su hábitat, tasados por 61 millones de pesos, de los cuales solo dos sentencias se resolvieron a favor de la autoridad, mientras el resto continúa en trámite. Además, las valoraciones económicas del daño no concuerdan en contraste con los volúmenes decomisados, según los propios datos.
Esta investigación también encontró que los trabajos coordinados con China y Estados Unidos están detenidos desde 2017. Informes internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) indican que la propuesta de México titulada “Proyecto sobre términos de referencia del Grupo de Contacto Trilateral sobre aplicación de la Ley" se encuentra en “proceso de revisión” por parte de los gobiernos de esos países. El oficio especifica que el memorándum continúa revisándose en Beijing, por lo que están promoviendo una II Reunión Trilateral con el fin de intercambiar datos de inteligencia.
En esa tónica, un informe interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se presentó en agosto de 2019 ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), en Ginebra, Suiza, detalla que apenas recopilan información sobre grupos de delincuencia organizada pese a que matiza que esta problemática es “un asunto de Seguridad Nacional en términos de sustentabilidad”.
La única faena hasta ahora corre a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP). Fuentes de alto nivel señalaron que se abrió el expediente “Totoaba-San Felipe” donde se identificaron 225 reportes de operaciones inusuales con 178 sujetos “posiblemente vinculados” al tráfico de buche. Por ello, se congelaron las cuentas de nueve sujetos –ningún objetivo chino– por activos sospechosos que ascienden a 3,233,701 pesos (159,933 dólares). La UIF también compartió información a la FGR para abrir una investigación.
Con este balance en el combate al tráfico de totoaba no sólo se muestran las carencias en las facultades de la procuración ambiental sino la falta de capacitación en materia penal-ambiental para los inspectores, abogados, fiscales, agentes ministeriales y jueces para que expliquen cómo se costea el Cártel del Dragón en el tráfico transnacional hacia destinos asiáticos vía aérea, a través de los aeropuertos de Tijuana y Ciudad de México, vía marítima por Ensenada, y vía terrestre hacia San Diego y San Francisco, Estados Unidos.
De acuerdo con el estudio Illegal fisheries, environmental crime, and the conservation of marine resources, recientemente publicado en Conservation Biology, los “cárteles criminales” están involucrados en la cadena de contrabando de vejigas natatorias. “El alto valor de este producto facilita la corrupción […] Predecimos que la participación de la delincuencia organizada transnacional en las pesquerías marinas costeras aumentará, particularmente en áreas donde ya existe demanda”.
A esto se suma que en los pueblos pesqueros se instaló un clima de violencia y pesca indiscriminada a los ojos de las autoridades, quienes han recibido órdenes desde oficinas centrales para no detener a la pesca furtiva, lo que ha llevado a una “pax mafiosa”, según los agentes consultados. En medio de este entramado ambiental, los habitantes de San Felipe y el Golfo de Santa Clara, especialmente los jóvenes, cada día se dedican más a “buchonear”, como le llaman al tráfico de buche de totoaba y los lujos que de ello se desprenden: dinero en efectivo, camionetas del año, ropa de marcas de lujo y celulares de alta gama.
Para esta investigación se buscó la posición desde tres semanas atrás a la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la FGR, la Profepa, la SRE y la Guardia Nacional, así como a las embajadas de China y Estados Unidos, sin que ninguna fijara una posición al cierre de edición. Únicamente la Semarnat respondió que, en materia de seguridad, la coordinación la lleva a cabo la Secretaría de Marina (Semar) con recorridos marítimos, terrestres y aéreos; puestos de inspección y observación; un nuevo convenio interinstitucional; intercambio de información y campañas de concientización; también el incremento de penas y aplicación de prisión preventiva.
En cuanto al Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California -abunda la respuesta- trabajan en una estrategia de aprovechamiento sustentable de la totoaba; el levantamiento de veda de este pez y registro de granjas; y actualización de conteos de totoaba y vaquita marina. Sobre los objetivos internacionales, solo refirieron que la responsabilidad es compartida con Estados Unidos y China, así como con otras instituciones.
Camino de vísceras
A un costado de la carretera del Golfo de Santa Clara, inicia un camino de terracería, que lleva al tiradero de vísceras de especies marinas, donde nuestro guía, como investigador de crímenes, se encamina para encontrar los indicios del delito. “Tengan mucho cuidado y fíjense por donde pisan”, nos dice.
Adentrados cerca de cien metros, los primeros rastros son de llantas, bidones, botellas, más basura y viejas redes pesqueras. De pronto, con su mirada apunta hacia unos arbustos y un montículo de escombros. “Miren, ahí está. ¿Ya la vieron?”, expresa. Es un esqueleto de totoaba de más de un metro de largo, con la cabeza casi intacta cubierta con polvo de arena.
Avanzamos 20 metros y nos damos cuenta que, a cada paso, abundan los armazones de totoaba y hasta un caparazón de tortuga caguama. “Miren, allá hay más”, repite esta bochornosa tarde del 25 de marzo de 2021, al tiempo que se van sumando 16 esqueletos que fueron desprendidas de su preciado oro: buche o vejiga natatoria.
Un día antes nuestro guía, quien pide proteger su identidad por temor a represalias, concertó una reunión con un pescador que conoce las entrañas de la pesca furtiva. “¿Creen que aún exista la vaquita marina?”, pregunta el pescador. Antes de responder, dice que él sí la ha visto, pero que muchos lo niegan. Luego platica que en alguna ocasión sus “amigos” chinos de Mexicali le encargaron una vejiga de un kilo 700 gramos de tamaño por la que le pagarían 25 mil dólares.
Pero el buche debía traer sus “trenzas” intactas, porque supuestamente esa parte es decisiva en la cotización. Finalmente, no la capturó, porque cuenta, no es sencillo encontrar una especie de esa talla. Enseguida describe que el secado de las vejigas consiste en meterlas durante tres o cuatro días en aguanieve hasta quedar blanca y luego las colocan en el piso, porque así sueltan la grasa.
Pescadores furtivos y autoridades oficiales de Estados Unidos dicen que un kilo de buche se tasa en 5,000 dólares en México; si llega a los Estados Unidos entre 10,000 y 15,000 dólares; y el precio una vez en China alcanza los 60,000 dólares. Sin embargo, las fuentes en los pueblos pesqueros refieren que bajó el precio a 3,000 dólares a raíz de la Covid-19.
Esta relación entre el pez, los pescadores y los ciudadanos chinos inició casi un siglo atrás cuando se estableció La Chinesca, en Mexicali, Baja California. La empresa Colorado River Land Company los trajo para la construcción del sistema de irrigación en Mexicali. Cuando descubrieron el parecido entre la totoaba con la bahana –corvina amarilla oriental, especie amenazada en China–, la pesca comenzó.
La historia la conoce Ernesto Sosa, historiador y cronista oficial de la totoaba. Sosa se remonta a la fundación de San Felipe, el Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, cuando se construían sus primeras chozas con piel de este pez. Después vino la venta del buche que se catapultó durante los veinte a través de los dos hermanos chinos Juan y Arturo Chein Quan, dueños de una tienda llamada La Playa en la costa de San Felipe.
Ambos compraban a cuatro centavos de oro el buche a los pescadores con el fin comercializarlos a Calexico y el Barrio Chino de San Francisco, Estados Unidos. Los pescadores comenzaron a extraer masivamente, pero sólo vendían la vejiga natatoria y desechaban el resto en las playas.
El comercio se volvió afamado en la primera mitad del siglo XX, lo que también llevó a los mexicalenses a consumir el buche. Los antiguos pescadores usaban una cuchara con filo para sacarlo, ya que si utilizaban un cuchillo podían trozarlo y ya no se los compraban.
Todo ello sobreexplotó el Alto Golfo de California, donde también habita la vaquita marina. Poco a poco San Felipe se estableció como un campo pesquero con cooperativas y la demanda china pasó del gusto personal a que invitaran a sus connacionales a extraerlo.
Los viejos pescadores platican que la totoaba detonó una época de “bonanza”, sobre todo cuando los chinos se involucraron como intermediarios. La pesca estalló a tal grado que usaban dinamita para extraerla, aunque para finales de la década de 1950 se envió una comisión de regidores a San Felipe para detener este método.
Entre 1920 y 1942, según la plataforma dataMares, se alcanzó el “máximo histórico” de pesca de 2,261 toneladas y en 1975 llegó a un “registro mínimo” de 58 toneladas. “Hubo un aumento exponencial en el esfuerzo pesquero (número de pangas), lo que pudo contribuir al colapso de la pesquería en 1975”, señala su informe biológico sobre la totoaba, la cual fue catalogada en peligro de extinción en el colapso. Para 1979-1995 fueron 70 toneladas.
Al tiempo que la totoaba fue afectada, la vaquita marina corrió la misma suerte, lo que llevó a que en 1992 se creará el Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba (CTPVT). En 1993, se estableció la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Es decir, se fijaron regulaciones.
"Aquí lo mataron"
Al transitar por la calle 1 de junio, en el Golfo de Santa Clara, nos encontramos con una estatua de metro y medio de San Judas Tadeo. Junto a ella en una palmera cuelga un pequeño altar con una fotografía de Samuel Gallardo, conocido como “El Samy”, un líder de la entonces cooperativa pesquera más importante de la zona.
“Aquí lo mataron”, cuenta nuestro guía sobre aquel 9 de junio de 2014 cuando fue acribillado por unos sicarios. Hubo luto durante una semana.
Cualquiera que conocía a Gallardo, recuerda el guía, sabía de su bondad y del desarrollo que trajo al pueblo. Pero, también, como lo narran sus exempleados y amigos: el trabajo mejor pagado que ofrecía “El Samy”, era el de extraer buche para sus socios de China, Corea y Japón.
Las hipótesis de su asesinato –según sus conocidos– rondan en torno a un ajuste de cuentas con enemigos del pasado en el narcotráfico; a una pelea para arrebatarle el negocio de la totoaba y, también, la de un adeudo millonario con los chinos.
De acuerdo con pescadores, a partir del asesinato se fragmentaron en decenas de grupos criminales que en la actualidad se pelean a fuego y sangre. “Se acabó lo que tenía un control”, narra un pescador sobre el polvorín desatado después de que murió “El Samy”.
Durante 2011 a 2019 se confiscaron 3,476 piezas de vejigas, de acuerdo con una base de datos cruzada con decenas de solicitudes. A esto se suman filetes y totoabas enteras con un peso de 19 toneladas. Igualmente se contabilizaron 10 cadáveres de vaquita marina en estado de descomposición, donde hay una cifra negra imposible de cuantificar, ya que los pescadores furtivos las perforan para hundirlas, las descuartizan o las entierran en el desierto.
Estos decomisos de la autoridad son una pizca, ya que el Cártel del Dragón sofistica año con año el modus operandi con más intermediarios. Años atrás, los traficantes chinos recogían la mercancía en los campos pesqueros. Pero en la actualidad, se establecieron como punto de entrega, bajo pedido previo vía whatsapp con claves, en algunos restaurantes de comida china en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Los Ángeles y San Francisco, de acuerdo con Aideé Lara, quien fuera subdirectora de Delitos Federales de la Profepa en Baja California.
En una comunicación interna de Profepa de octubre del 2014 se detalla que, en Tijuana, Baja California, un traficante fue detenido con 3,404 pepinos de mar, otra de las especies que controla el Cártel del Dragón, junto a la aleta de tiburón, las tortugas marinas, el caballito de mar y el abulón. El paquete iba al restaurante Ocean Pacific. El detenido les respondió a los agentes que él vendía productos marinos, como el buche, a sus socios chinos.
Ahora sofisticaron el sistema con triangulaciones. Nuestro guía explica que los pescadores entregan el buche a un intermediario mexicano del pueblo, para llevarlo a una casa y luego a otra. Un trabajo así se paga en 200 dólares para que, después de pasar por manos de varios intermediarios mexicanos, sea entregado en la ciudad de Mexicali o Tijuana a un traficante de origen chino. Nuestro guía, quien ha hecho estos trabajos, sostiene que va incluida la protección de la Guardia Nacional, o al menos la de un grupo, pues otro más emprendió una “cacería de chinos” para quitarles el dinero de las entregas.
Lara explica que las rutas y las formas cambiaron: “Sé que hay chinos que inclusive están trazando otras rutas; por ejemplo: de Nuevo León y del Bajío. La gente con grado alto dentro de su organización se está atreviendo a hacer los traslados”.
“Los chinos que operan aquí no confían en los mexicanos. Ellos operan vinculados a organizaciones delictivas, pero los chinos gerencialmente tienen el control […]. Llevan a cabo la gestión de negocios con una visión empresarial”, explica Israel Alvarado, ex director de Delitos Federales contra de la Profepa y experto en criminalidad ambiental.
De acuerdo con Lara y Alvarado, el Cártel del Dragón sobrepasa a la Procuraduría ambiental porque no cuenta con facultades legales de investigación en los artículos de su reglamento interior, por lo que no pueden hacer trabajos de inteligencia y tampoco detenciones.
En el informe Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y bosque de la UNODC –donde Alvarado fue asesor–, se especifica que se deben “revisar las atribuciones de la Profepa en materia penal”, donde la Profepa obtenga facultades para investigar y recabar datos de prueba en el tráfico ilícito de vida silvestre.
Aunque a veces las evidencias tampoco son suficientes, pues para Luis Enríquez, investigador del laboratorio biotecnológico de la totoaba en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC, Ensenada), los jueces no tienen un criterio ambiental. “Conocen la información legal, pero les falta la biológica”, señala Enríquez, quien ha participado en juicios de México y Estados Unidos, y se queja de que no se logra reparar el daño.
Dichas reparaciones, se han logrado en la Corte Federal de San Diego, Estados Unidos, a través de tres expedientes. En 2013, por ejemplo, detectaron una red México-EU-China de una empresa fachada de muebles. Gracias a ello, se destinó una suma de 500 mil dólares al gobierno mexicano para reparar el daño cometido por los traficantes Kam Wing Chan y Song Shen Shen. Durante el juicio, estuvo presente David Conal True, responsable del laboratorio de totoaba de la UABC, cuyo testimonio fue clave para determinar el daño.
Incluso el gobierno chino ha hecho más. En marzo de 2019, la Fiscalía de Jiangmen, ubicada en Guangdong, detuvo a Liang Weihua, acusado de introducir a China alrededor de 20 mil buches de totoaba, con un valor de 119 millones de dólares. De acuerdo con documentos oficiales, el gobierno mexicano no comenzó una investigación por este caso.
En México, de los 42 expedientes abiertos producto de coadyuvancias entre la Profepa y la FGR, sólo dos fueron relacionadas con casos internacionales en 2020: la primera fue notificada por la aduana de Hong Kong, China; y la segunda, por la de Nueva Naitei, Taiwan, ambas del año pasado. En el resto se abrieron a partir de denuncias de organizaciones o por casos de pesca en flagrancia, pero nada que vaya más allá de la red.
En cuanto a las reparaciones de daño estas ascendieron a 61 millones de pesos -3 millones de dólares-; sin embargo, los valores no concuerdan con los números de decomisos. Por ejemplo, el daño más alto fue valorado en 39 millones de pesos por 38 buches en 2020; pero en 2018 hubo un caso de 108 tasados en 254 mil pesos. En otro más, de 2019, del cual se obtuvo el dictamen pericial, se tasó en 3 millones 796 mil pesos por 90 vejigas de totoaba y 648 pepinos de mar.
La única acción la realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, encabezada por Santiago Nieto, quien entregó información a la FGR para que inicie la carpeta de investigación por activos sospechosos relacionados a ese delito. Sin embargo, la FGR no ha dado algún golpe importante todavía.
Siguiendo la fase lunar
Han transcurrido dos días desde que dejamos atrás el Golfo de Santa Clara y su “cementerio” de totoabas. Nos apostamos bajo una palapa, como cualquier turista, a pie de playa del puerto de San Felipe, Baja California, y observamos a varias camionetas avanzar con embarcaciones totoaberas, enganchadas a las defensas. Con la complicidad de la luna llena ingresan al mar por la rampa del lado izquierdo, donde se ubica la zona comercial y restaurantera.
Aquí no existe ninguna restricción o alguna documentación que soliciten las autoridades. En contraste, a seis kilómetros, se ubica el muelle a un lado de la capitanía de la Marina, en el que zarpan los pescadores legales a quienes les revisan las redes, el número de embarcaciones y el producto que sacan.
Desde el malecón de San Felipe se puede ver una y otra vez cómo ingresan las embarcaciones. No es gratuito que salgan en esta temporada, pues en dicha fase lunar el desove de este pez es mayor entre febrero y junio, de acuerdo con la plataforma dataMares, aunque el mes con el mayor pico es marzo. Por eso estamos aquí este sábado 27 del mismo mes. A pesar de que ingresan hasta la medianoche sin matrículas legales o con redes totoaberas a la vista de cualquier poblador o turista, los marinos no se hicieron presentes.
Un marino explica que desde la Ciudad de México, llegó la orden de “no reprimir al pueblo y no detenerlos”, esto como parte de la nueva política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con líderes pesqueros de cooperativas, los pescadores que acatan las reglas, ya sostuvieron discusiones con los almirantes de la Secretaría de Marina porque no frenan a los furtivos, quienes consideran que afectan la imagen del pueblo.
Esta no es una política reciente. En los pueblos pesqueros el control se salió de las manos desde que un sector ligado al Cártel del Dragón incendió el edificio de Profepa, las embarcaciones y después lanzaron bombas molotov contra las autoridades el 9 de junio de 2019.
De acuerdo con una denuncia del 1 de noviembre de 2014 por tentativa de homicidio, posesión de armas de fuego y delitos contra funcionarios, los inspectores ambientales fueron agredidos con golpes, balazos a sus autos y sus casas, así como acoso en las oficinas por medio de “camionetas de lujo polarizadas”. También les provocaron accidentes automovilísticos y enviaron grupos armados a rescatar las pangas furtivas.
Antes de apostarnos a pie de playa a observar las embarcaciones, durante la tarde nos encontramos con un líder pesquero en las palapas de un hotel. Con un señuelo de preocupación, dice que la totoaba “vino a acabar con todo” porque, cada vez hay más jóvenes interesados en la fiebre del buche, abandonando sus estudios y una forma de vida legal.
El mismo líder pesquero ha batallado con su hijo para que no sea atraído por la fiebre totoabera, pues los jóvenes bucheros presumen autos de lujo, ropa, y dinero. Con los 3 mil dólares que reciben por una vejiga salen a ‘buchonear’, un término acuñado en la región para identificar a los pescadores furtivos. Es así como, desde los veintes, este negocio ilícito transforma la pesca y los hábitos de una parte del sector pesquero.
Este sábado mientras conversamos con el pescador, a no más de 20 metros, un sujeto camina a paso lento sobre la playa en medio de los turistas, cargando una totoaba, hasta que la coloca en la esquina de un enrejado del hotel Costa Azul. Aún se nota fresca, sobre todo por los rastros de sangre que muestran que recién fue desprendida de su valioso oro: el buche.
Toda esta estructura la intentaron frenar en su momento los abogados Lara y Alvarado, ambos con una alma ambientalista. Pero, con el paso de los meses, se percataron que el Cártel del Dragón tenía bastantes aliados, especialmente dentro de las instituciones. Conforme iniciaban más acciones penales contra traficantes, Lara notó, primero, el interés de empresarios chinos en saber sobre las investigaciones. Luego, empezaron las amenazas de un mando de la marina y agentes del ministerio público federal. “A mujeres como tú las balean”, le dijo el mando.
Ella dejó partes informativos a los altos mandos de la Profepa, quienes la tacharon de “loca”, a pesar de que agentes de seguridad nacional ya habían notificado desde 2013 al procurador, durante una reunión, que había servidores públicos de la Procuraduría Ambiental, involucrados en la red. Lara y Alvarado siguieron, no les importó. Pero escaló a tanto que allanaron su casa, se llevaron documentos y dinero. Cuando Aideé decidió que era hora de partir, la sentencia vino de un emisario del cártel para que trabajara con ellos o asumiera las consecuencias. Así es como hasta hoy el Cártel del Dragón ha logrado vencer al gobierno mexicano para seguir con el tráfico de totoaba: la cocaína del mar.
* Esta investigación fue realizada por Naguales, un colectivo periodístico integrado por Alejandro Melgoza, Andrés Estrada y Enrique Alvarado, para Diálogo Chino, Emeequis, El Sol de México y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.
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