Alessa Flores, joven activista por los derechos de las personas trans y trabajadora sexual fue víctima de un crimen de odio en 2016 pero, poco tiempo antes de ser asesinada logró que la lucha contra la discriminación a las mujeres transgénero fuera llevada a tribunales y hoy llegara hasta la Suprema Corte de Justicia.
Era el año 2015 Alessa junto con Jessica Marjane Durán llegaron a la plaza Reforma 222 en la Ciudad de México, ahí fueron hostigadas y discriminadas por elementos de seguridad para impedirles entrar al baño de mujeres del centro comercial. Cuando el caso llegó a juzgados y tribunales se obtuvieron victorias, aunque solamente se les reconoció el daño físico. Hoy buscan que la Suprema Corte resuelva a su favor por el daño moral que demandan tras haber sido víctimas de discriminación.
Mediante tres demandas de amparo, organizaciones LGTBI+ buscan que desde el máximo tribunal del país se resuelva y genere jurisprudencia sobre si el Estado Mexicano está obligado a implementar reglas para la asignación de un género (femenino o masculino) a los baños dentro de establecimientos abiertos al público en general, pues podría existir discriminación para personas transgénero por dicho motivo.
Será la ministra Margarita Ríos Farjat la encargada de elaborar una serie de proyectos de sentencia que presentará ante la Primera Sala del máximo tribunal del país para determinar si esta distinción se justifica o no en términos del derecho humano a la igualdad, y a la no discriminación.
La activista Natalia Lane, coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans destacó que hay casos documentados en la Plaza Reforma 222 y otros centros comerciales de todo el país, algunos de ellos que no llegaron a la denuncia, sobre prácticas de discriminación a las personas trans
“Se busca que el tema no sólo sea acceder a estos espacios, a los baños, también que estas empresas se comprometan a cursos de capacitación y sensibilización en temas de orientación sexual e identidad y expresión de género. “Tiene que venir acompañado de acciones afirmativas, no solamente que se trata de algo claramente discriminatorio y un trato diferenciado a la población trans, tiene que haber cursos de capacitación, de sensibilización al personal e incluso protocolos para prevenir y eliminar la discriminación a la población trans”, puntualizó la activista.
Consultada por El Sol de México, Natalia hizo un llamado a que el fallo que en su momento emita la Suprema Corte marque un precedente y emita un exhorto a las empresas y todas las instituciones del país de que la transfobia no es negociable en ningún caso.
“Los derechos de las personas trans no pueden ser violentados constantemente en su vida cotidiana, es importante que se entienda que las personas trans no somos personas que tengamos que demostrar quiénes somos. Una mujer trans no tiene que demostrar quién es”, afirmó.
A la demanda de Jessica y Alessa, se sumaron más personas transgénero que reclamaron de diversas empresas una indemnización por daño moral, derivado de actos discriminatorios en su contra, tales como que les hayan solicitado identificación para poder entrar al baño de mujeres en un centro comercial.
Con esta serie de asuntos se permitiría reforzar la forma en que las autoridades deben juzgar con perspectiva de género; ya no sólo a propósito de disolver lo que, cultural e idiosincráticamente, se ha entendido como “masculino” o “femenino”; sino también considerando que las autoridades pueden enfrentarse a la solución de conflictos en los que se encuentren involucradas personas que formen parte de la comunidad LGTBI.
