La población indígena en prisión acusada de cometer delitos contra la salud, como narcotráfico, aumentó 15 por ciento en los últimos cinco años al alcanzar tres mil 117 integrantes encarcelados en el país, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
Según la información, el total de integrantes de pueblos indígenas en las cárceles por delitos contra la salud, pasó de dos mil 712, durante 2019, en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a tres mil 117 a noviembre de 2023, el último dato disponible.
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En las prisiones federales predominan los nahuas, con 639 internos, —etnia con el mayor número de integrantes en el país—, seguida de los zapotecos, los mayas y los tzeltales.
La siembra de mariguana, amapola, hongos alucinógenos, peyote y otras hierbas que alteran la conciencia, así como la producción, tráfico, comercio y suministro de drogas son algunos de los ilícitos que se consideran delitos contra la salud en el Código Penal Federal.
El docente titular de la Universidad Iberoamericana Carlos Arturo Hernández Dávila explicó que, de manera forzada o seducidos por las narcoculturas, los indígenas son reclutados por los cárteles que los obligan a trabajar, incluso esclavizados, en plantíos de amapola o les quitan sus tierras donde siembran maíz para plantar semillas de adormidera, como también es conocida esta planta.
“La presencia del narcotráfico en comunidades indígenas ha sido un proceso que tiene una historia muy larga y que radica en que el Estado considera que grandes extensiones del territorio mexicano están vacías, pero no es así, están ocupadas por pueblos indígenas desde hace siglos”, indicó el experto de la Ibero en temas sobre crimen organizado.
En entrevista con El Sol de México, dijo que existen tres regiones en las que los indígenas viven una situación más complicada que en el resto del país por la presencia del narco: el llamado Triángulo Dorado, ubicado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, el cual también alcanza a Sonora; Tierra Caliente, en el norte de Guerrero, y en la sierra alta de Chiapas.
En esta última zona la fuerza del narcotráfico se hizo evidente en septiembre pasado, con los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desataron la violencia en el estado.
El Triángulo Dorado, a decir del académico, está habitado sobre todo por rarámuris, pero también hay mexicaneros hacia la zona de Durango, entre otros. Ahí existe la presencia de al menos 10 grupos del narcotráfico y la producción de amapola superó por más de 20 años los cultivos locales de maíz y otras plantas.
“El Triángulo Dorado y Tierra Caliente son regiones vinculadas desde hace décadas al cultivo de amapola y mariguana porque las condiciones climáticas, geográficas y de difícil acceso han permitido una buena oportunidad para el trasiego, siembra y producción de drogas”, precisó el especialista.
Agregó que la región de Tierra Caliente, hogar de grupos nahuas y tarascos, la presencia del crimen organizado vinculado a La Familia Michoacana, a Los Rojos o a Los Ardillos, en pelea constante con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se enfoca al cultivo de mariguana.
Hernández Dávila consideró que los indígenas han quedado atrapados entre la pobreza, el olvido del gobierno y la falta de oportunidades, lo que los ha convertido en mano de obra para el crimen organizado. “Son regiones donde el Estado tiene una ausencia terrible en materia de salud, empleo y seguridad, al contrario del crimen organizado que, cada día, amplía su presencia en esas zonas”, agregó.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que un total de ocho mil 512 indígenas están en prisiones federales y estatales de la República, de los cuales ocho mil 126 son hombres (95 por ciento) y 286 mujeres.
En su informe de actividades del año 2022, reconoció que las personas indígenas en reclusión enfrentan distintas problemáticas, como discriminación, falta de información sobre sus derechos humanos, escasa visita familiar, por la lejanía de sus comunidades; deficiente atención médica, insuficientes oportunidades laborales para su reinserción y falta de intérpretes, traductores y defensores que hablen su lengua.
Esto último, a pesar de que el artículo 2 de la Constitución mexicana reconoce como derecho de las personas indígenas “considerar sus costumbres y especificidades culturales, así como el derecho de ser asistidos por intérpretes y personas que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.
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Este diario buscó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para conocer su postura sobre el tema, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
