Funcionarios y exfuncionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) se habrían beneficiado durante 12 años con adquisiciones presuntamente fraudulentas de al menos 36 terrenos en el Puerto de Manzanillo que pertenecían a un fideicomiso de esa banca de desarrollo. A este caso ya se le conoce como El cártel inmobiliario de Colima.
En dicho esquema que apunta a actos de corrupción, e involucra a jueces y notarios de esa entidad, así como el encubrimiento de los gobiernos federal, estatal y municipal de 2011 a 2023, se ha llegado a la alteración y presunta falsificación de documentos oficiales y a la reventa de algunos de esos terrenos al triple de su costo original, mediante una empresa fachada de corte familiar.
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Las operaciones irregulares comenzaron el 5 de agosto de 2011, luego de que el entonces delegado de Banobras en Colima, Omar Magaña Ceballos, fungió como “promotor” de un contrato privado, en donde el Fideicomiso 322 Manzanillo-Las Garzas (FIMAGA), de dicha institución, le vendió 10 terrenos en la zona Residencial Esmeralda, con una extensión de dos mil 813.89 metros cuadrados, a la esposa del funcionario, Claudia Elizondo Pacheco, por un monto de 556 mil 500 pesos.
Banobras, hoy encabezado por Jorge Mendoza Sánchez, no ha podido acreditar a la fecha que esos pagos efectivamente se realizaron al fideicomiso, ni en cheque, ni en transferencia bancaria, ni en alguna otra modalidad, de acuerdo con una solicitud de información a ese organismo.
El responsable de la venta de esos terrenos fue el entonces director de ese fideicomiso a cargo de Banobras, Alejandro Arturo Meillón Galindo, quien antes de dejar el cargo, luego de hacer entrega el 16 de diciembre de 2013 de ese instrumento al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), realizó la misma operación con Magaña Ceballos, pero ahora con 26 terrenos del FIMAGA en la zona llamada Nuevo Salagua.
Antes, el 26 de marzo de 2012, los esposos Omar Magaña y Claudia Elizondo constituyeron ante el notario público no. 3, Carlos de la Madrid Virgen, con sede en la ciudad de Colima, la empresa KM Emprendimientos Urbanísticos, S.A.
Los principales accionistas son la mamá del funcionario, Elena Ceballos Fuentes, con 75 por ciento de las acciones, y la hija de ese matrimonio, Kassandra Magaña Elizondo (en ese entonces menor de edad), con 25 por ciento de las acciones.
A través de esta empresa fachada, la pareja Magaña-Elizondo ha construido viviendas en los 26 predios en la zona de Nuevo Salagua, que también estaban dentro del perímetro del FIMAGA desde su constitución, el 7 de agosto de 1984. Las propiedades las ofrecen en el mercado inmobiliario en un millón 500 mil pesos.
El Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, sin embargo, no tiene registro de propiedades a nombre de KM Emprendimientos Urbanísticos, S.A., según una solicitud de consulta del 16 de diciembre de 2020, con el folio 1492566.
El Sol de México buscó a Omar Magaña para tener su versión sobre este caso. El funcionario de Banobras hoy tiene el cargo de gerente ejecutivo en Quintana Roo y Yucatán, según la plataforma Declaranet, donde fue asignado desde el 1 de septiembre de 2021, con un sueldo bruto mensual de 124 mil 499 pesos, de acuerdo con el portal Nómina Transparente.
En cinco ocasiones el servidor público que contestó la llamada dijo que Magaña Ceballos no se encontraba en la oficina, que le pasaría el recado y que él se comunicaría con este diario. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta por parte del funcionario.
Desde la firma del primer contrato, en 2011, han pasado tres presidentes de la República (del PAN, del PRI y de Morena), cuatro gobernadores de Colima y 10 alcaldes de Manzanillo. En este periodo, Omar Magaña no ha sido llamado a cuentas y continúa ascendiendo puestos en el escalafón jerárquico de Banobras, pese a diversas denuncias que se han presentado en este caso.
Alberto Enríquez del Valle, capitán reservista del Ejército, adquirió en enero de 2015 uno de los 10 terrenos que en 2011 el director del FIMAGA vendió al delegado de Banobras en Colima. El particular que realizó la acción de compra-venta no hizo mención de la situación del predio.
Para junio de 2020, Claudia Elizondo Pacheco presentó una denuncia penal en contra de Enríquez del Valle por “despojo”. El abogado que interpuso la denuncia y que llevó el caso durante poco más de un año es Arturo López González, quien es empleado de Banobras en Colima y fue subordinado de Omar Magaña antes de que fuera trasladado a Yucatán.
Los documentos que ha presentado la esposa de Magaña Ceballos en el proceso judicial, a través del funcionario de Banobras que también ejerce como su abogado particular (según documentos en poder de este diario, como registros catastrales, escrituras, contratos y registros públicos de propiedad), presentan alteraciones y otros habrían sido falsificados.
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López González es técnico operativo en Banobras, con un sueldo bruto mensual de 17 mil 116 pesos, según el portal Nómina Transparente, y aparece con un registro de al menos 38 contratos como proveedor de Banobras de 2010 a la fecha, por un monto total de 2.9 millones de pesos.
Este caso llegó a la Fiscalía General de la República, así como a la Fiscalía General del Estado de Colima.
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