En un hecho sin precedente, los titulares de los Poderes de la Unión pactaron iniciar la discusión de la reforma constitucional al sistema judicial, cuyo eje es alinear las leyes y normas que rigen su operatividad con los principios de la Cuarta Transformación de combatir la corrupción y la impunidad.

Al defender el papel de los juzgadores como garantes de la estabilidad democrática, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que “estamos en un momento social y político propicio para una reforma que fortalezca al Poder Judicial”.

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Los senadores buscan alinear 99 iniciativas en un dictamen que se prevé este listo a más tardar la segunda semana de enero de 2020, y que parte de propuestas que han levantado la crítica de la esfera judicial.

Para ello, se han delineado iniciativas en el Congreso de la Unión que han causado polémica entre la comunidad jurídica por tocar temas como ajustar el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), frenar el nepotismo, la remoción, sanciones y adscripción de jueces federales, así como la austeridad, paridad de género, rotación de jueces y la transparencia en sus sentencias.

También se analizará la viabilidad de crear una tercera sala dedicada a resolver actos de corrupción, con lo que el Ejecutivo propondría cinco ministros adicionales al pleno de la Suprema Corte.

Zaldívar coincidió con el coordinador de Morena en el Senado y principal artífice de cambios al sistema judicial, Ricardo Monreal Ávila, en que se necesita “una sacudida” al interior de este Poder para garantizar su papel equilibrador.

“Tengo la confianza en que el resultado de esta colaboración de Poderes será una reforma de Estado que dará cauces a las exigencias de justicia del pueblo de México”, dijo el ministro Zaldívar al tiempo de reconocer que la ciudadanía los ve ajenos a la realidad y como un grupo que sólo defiende privilegios.

Confió en que la reforma que emerja de este ejercicio debe ser producto de una construcción común, con pleno respeto a la división de Poderes y a la independencia, tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

“Los jueces federales y particularmente los jueces constitucionales somos pilar esencial de una sociedad libre y democrática. El fortalecimiento de la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación y, particularmente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho”, aseveró durante la mesa de trabajo para una “Reforma con y para el Poder Judicial’’.

Y anunció que en breve enviará al Congreso la propuesta que los juzgadores ven más viable para modernizarse y responder a las demandas ciudadanas, pues reconoció hoy se les ve alejados de la ciudadanía y como un grupo que sólo quiere defender sus privilegios.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, atizó la crítica a los juzgadores al reprocharles que “en momentos cruciales, no estuvieron a la altura de las responsabilidades y competencias que les correspondían como garantes del respeto y la protección de los derechos humanos y de la democracia formal”.

Y enlistó lo que llamó capítulos negros como la represión y las matanzas de 1968 y 1971. Los fraudes electorales de 1988 y 2006. Resoluciones como la de la Guardería ABC, Atenco y Ayotzinapa, entre otras.

En el evento también participó el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien señaló que el Poder Judicial enfrenta grandes retos que evidencian la necesidad de revisar el sistema de justicia y realizar cambios al interior; mientas que estimó que esta transformación no se podrá concretar si no se refuerza la independencia, calidad y el profesionalismo del propio Poder.

Consideró que un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución de conflictos generan incentivos para que los derechos elementales se protejan y produzcan consecuencias para quienes transgreden los derechos de otros, por lo que dijo, que generar estos mecanismos contribuirá a reducir la impunidad y la corrupción, a mejorar la capacidad del Estado de impartir justicia, así como alcanzar la igualdad y la paz social.

Dentro de estas reformas, trasciende la intención del gobierno federal por generar un Código Penal Único, como planteó el PRI en San Lázaro el pasado mes de mayo y que dé como resultado una norma homologada, con aplicación en todo el territorio nacional y que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles.

Ello, para eliminar la multiplicidad de códigos penales en las entidades federativas, ya que se deja la libre autodeterminación de las entidades federativas, la tipificación de hechos como el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia.

Adelantó que se propondrá que la autoridad judicial, observe los principios de taxatividad, racionalidad, intervención mínima, proporcionalidad, graduación y congruencia al momento de individualizar la sanción penal.

Scherer Ibarra también enmarcó regular las leyes generales sobre tipos penales especiales para prevenir y sancionar delitos como: secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes y delitos electorales.

Así mismo, dijo que se propondrá la expedición de una ley para homologar los procedimientos de procuración de justicia, con base en los principios de colaboración, cooperación, concurrencia y auxiliaridad.

En ella, apuntó que se establecerá la regulación en materia de capacitación de los policías como primeros respondientes; la obligación de los policías, analistas, peritos y demás personal de las procuradurías o fiscalías locales y de la Federación, de prestar auxilio al ministerio público, para la investigación de hechos constitutivos de delitos.

Además, aseguró que trabajarán en la creación de un Registro Nacional de Carpetas de Investigación y las bases de atracción de los casos entre el ministerio público de la Federación y de las entidades federativas.

“En el mismo sentido, propondremos para su reforma a este Congreso, la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dar facultades a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para fijar criterios y emitir lineamientos de actuación que faciliten y mejoren la consignación de las carpetas de investigación, en plena observancia de la autonomía de los agentes del ministerio público”, añadió.

Por su parte el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero enfatizó que es necesario innovar un nuevo modelo de justicia cívica inmediata, por lo que instó a legislar lo antes posible.