El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza el sector turístico para estafar a personas adultas mayores de Estados Unidos que son propietarias de tiempos compartidos, publicó el diario estadounidense The New York Times.
Según el reportaje, integrantes de la organización criminal se hacen pasar por representantes de ventas con la supuesta intención de comprar los tiempos compartidos de personas de la tercera edad. Comienzan a pedir transacciones bancarias con el argumento de irregularidades y multas. Tras recibir grandes cantidades de dinero, desaparecen.
El Sol de México documentó el 26 de febrero pasado que bajo la Ley Kingpin de Estados Unidos, en la última década mil 813 empresas de agencias de viajes, tiempos compartidos, así como del sector hotelero y restaurantero, se incluyeron en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
La Ley Kingpin es una legislación mediante la cual el gobierno norteamericano tiene las facultades de congelar las cuentas bancarias de personas extranjeras bajo sospecha de tener vínculos con transacciones ilegales como en el comercio de drogas.
Esta casa editorial precisó que los sectores turístico y restaurantero son los más vinculados a los cárteles de droga bajo la Ley Kingpin.
Las casi dos mil empresas que se incluyen en la lista de la OFAC automáticamente tuvieron un bloqueo de sus cuentas en Estados Unidos y perdieron la posibilidad de realizar transacciones con cualquier persona o empresa estadounidense.
El Sol de México también reveló que empresas como Assis Reality and Vacation Club S.A. de C.V., Axis Sale & Maintenance Buildings S.A. de C.V. y Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta S.A. de C.V., todas identificadas en Puerto Vallarta Jalisco, pertenecen a una red ligada al CJNG.
Asimismo, se evidenció que con esquemas fraudulentos la misma organización criminal se aprovecha de ciudadanos estadounidenses en retiro, tal como lo presenta The New York Times.
La publicación del periódico estadounidense relata que sólo en los últimos cinco años, las estafas a propietarios estadounidenses de desarrollos de tiempo compartido alcanza los 288 millones de dólares, es decir, unos cuatro mil 831 millones 148 mil 160 pesos, según cifras del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). The New York Times, estima una cifra superior por la falta de denuncias de las víctimas.
A pesar de los múltiples casos que se han documentado, el diario americano señala que para que el FBI pueda desarrollar las investigaciones pertinentes se requiere la colaboración de autoridades locales. También precisa que las firmas legales estadounidenses no cuentan con las facultades para interponer demandas.
