La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y en particular el teniente militar Francisco Macías Barbosa, abandonó a un elemento que tenía infiltrado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” para vigilar a los normalistas, quien a la postre fue desaparecido junto a los 43 jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014, informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
En la presentación del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre el Caso Ayotzinapa, Encinas dio a conocer que estas omisiones en las acciones del mando militar no sólo provocaron la muerte del soldado Julio César López Patolzin, sino que además evitó que los 43 normalistas fueran localizados con vida.
“Este soldado, López Patolzin estaba bajo el mando del teniente de Infantería Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón, y su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, aseveró.
De tal manera que, por este y otros indicios, dijo, las autoridades pueden asegura que la desaparición de los 43 jóvenes fue un crimen de Estado, pues corporaciones de seguridad de todos los niveles de gobierno tuvieron participación activa en el hecho y algunos de ellas colaboraron con el grupo delincuencial Guerreros Unidos en la captura y entrega de los jóvenes entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada a Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto, lo cual las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportuna con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y el asesinato de los estudiantes”, aseguró.
Sin especificar quiénes son los funcionarios señalados, ni el número de ellos, el subsecretario detalló que hay 33 personas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para que sea esta institución la que inicie o continúe con las diligencias y carpetas de investigación, no obstante, apuró en decir que la responsabilidad no escala hasta el expresidente Enrique Peña Nieto.
“De las órdenes que está procesando la Fiscalía, yo preferiría que la Fiscalía que es la que tiene que dar (a conocer) la información, pero sí hay personajes de todos los sectores (militares, municipales y estatales, pero) Peña Nieto no”.
Por otra parte, al dar a conocer que gracias a la colaboración con el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Universidad de Innsbruk se han logrado identificar a tres de los 43 normalistas desaparecidos, el subsecretario Encinas detalló que a día de hoy no hay indicios que apunten a que los jóvenes permanezcan con vida, pues tal parece que fueron dispersados y asesinados en diferentes partes de la región.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, por lo contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, lamentó.
De tal manera, dijo, es necesario continuar con las labores de búsqueda de los jóvenes en la ribera y en la laguna del Río Balsas, en Cocula, para intentar obtener más indicios que puedan ayudar a dar con el paradero de los normalistas.
Finalmente, como lo ha señalado con anterioridad, consideró que las investigaciones de la Comisión de Verdad y Justicia a su cargo acreditan que la llamada “verdad histórica” no existió y sólo se construyó para legitimar socialmente hechos alterados que entorpecieron las labores de búsqueda y diligencias sobre la desaparición de los jóvenes.
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“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de los agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, concluyó.
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