La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a integrantes de la Caravana Migrante que ingresó a territorio nacional en enero del presente año.
El organismo detalló que el 20 y 23 de enero de 2020, personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance, siendo detenidos y trasladados a una estación migratoria.
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La investigación de la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias.
Al permitir que elementos de la Guardia Nacional efectuaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, señaló que, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas; además de que el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal. Asimismo, dichas autoridades omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante.
Por ello, la CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.
Asimismo, colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional; diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza; así como impartir al personal del 21/o Batallón de la Guardia Nacional un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica.
Al INM le solicitó realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.