Por Manrique Gandaria.
La Comisión Nacional de los derechos Humanos(CNDH) hizo un llamado respetuoso pero enérgicoal Poder Legislativo Federal para que en elsiguiente periodo ordinario de sesiones se apruebe la LeyGeneral para la desaparición forzada de personas ydesaparición cometida por particulares, toda vez que de acuerdo asus estadísticas, al 30 de septiembre de 2016 documentó laexistencia de 855 fosas clandestinas, de las quefueron exhumados 1,548 cadáveres y 35,958 restos óseos y/ohumanos.
Destacó que entre las muchas y diversas condiciones que handado pauta al complejo y doloroso problema de desaparición depersonas están la ausencia de una ley general en lamateria, falta de investigaciones ministerialeshomogéneas para búsqueda y localización de personas,inconsistencias en la definición jurídica de los diversos tiposde desaparición y falta de equipos profesionales en la búsqueda ylocalización de personas.
Al participar en el Foro sobre Desaparición Forzada“Contra el dolor y el miedo: un grito deesperanza”, organizado por el Centro de Derechos Humanosde la Montaña “Tlachinollan”, el Ombudsman nacional, LuisRaúl González Pérez, reiteró la importancia y urgencia de queel Estado Mexicano genere condiciones para garantizar la efectivainvestigación y sanción de la desaparición forzada y la cometidapor particulares, mediante acciones para hacer efectivos losderechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación deldaño, así como garantizar su no repetición.
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González Pérez, destacó que el Estado Mexicano no haatendido oportuna y suficientemente las exigencias de lasorganizaciones de la sociedad civil y de las víctimassobre la expedición de una ley que tipifique de manera adecuada eldelito de desaparición forzada de personas, que incluya un tipopenal que sancione las desapariciones de personas cometidas porparticulares.
Ante un aforo de alrededor de 200 concurrentes procedentes dediez estados del país, reunidos en la Casa Diocesana VillaLucerna, en esta ciudad de Chilpancingo, puntualizó que,una vez expedida y en vigor, el reto será hacerla efectiva, contarcon la profesionalización de los actores involucrados en suaplicación, y con los recursos suficientes para instrumentar suscontenidos y, sobre todo, hacer investigaciones efectivas queeviten la impunidad.
González Pérez lamentó que la práctica de desaparición depersonas no haya sido erradicada en nuestro país y poco se hahecho para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita ante lamagnitud del problema. Demandó comprender y encarar demanera integral el fenómeno, así como avanzar juntos enla armonización de la legislación nacional en la materia yalinearla de acuerdo con los estándares internacionales.
Destacó que entre las muchas y diversas condiciones que handado pauta al complejo y doloroso problema de desaparición depersonas están la ausencia de una ley general en la materia,falta de investigaciones ministeriales homogéneas parabúsqueda y localización de personas, inconsistencias en ladefinición jurídica de los diversos tipos dedesaparición y falta de equipos profesionales en labúsqueda y localización de personas.
Así como la ausencia de un adecuado registro de casos quedistinga desaparición forzada de la cometida por particulares odelincuencia organizada y personas cuyo paradero se desconoce porcausas distintas, utilización indistinta de conceptos parareferirse a personas cuyo paradero se desconoce, ausencia decoordinación entre autoridades federales, estatales y municipalespara prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas,escasa capacitación de servidores públicos y la violencia,inseguridad e impunidad en diversas regiones del país.
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Refiere que el antecedente de las desapariciones forzadasdurante la década de los años 70 y principios de los 80del siglo pasado acreditadas por la CNDH en la Recomendación26/2001, demuestran que la impunidad en esos casos hagenerado condiciones para que delitos tan graves se sigancometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición,como lo acreditan los hechos ocurridos en Tierra Blanca, Veracruz,y los acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 enIguala, Guerrero, que visibilizaron cómo se ha agudizado esapráctica en los últimos años.
. González Pérez detalló los distintos informes que sobreeste caso ha dado a conocer la CNDH, así como las correspondientes57 propuestas y observaciones de las cuales, al 22 de septiembre de2016, sólo 8 pueden considerarse totalmente atendidas, 33 estánen vías de atención y 16 tienen estatus de no atendidas.
En las ponencias de personas expertas en el tematambién participaron Jan Jarab, representante de la Oficina delAlto Comisionado de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos enMéxico, quien habló de “Los pendientes de Méxicofrente a la Convención Internacional para la protección de todaslas personas contra las desapariciones forzadas”.
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