El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones civiles para la protección de periodistas, como Articulo 19, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras (RSF), coincidieron en que es urgente mejorar el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), ante la ola de homicidios de comunicadores en los meses recientes y, también, destacaron que es necesario acabar con la impunidad alrededor de estos asesinatos.
Con motivo de la presentación del informe de RSF, “Bajo riesgo” y que señala las deficiencias de los mecanismos de protección a periodistas en América Latina, se habló de las fallas del Mecanismo en México y también de la necesidad de aclararlos, ante una impunidad casi total en ellos.
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Se advirtió que la precariedad laboral de los periodistas y los requisitos burocráticos para acceder al Mecanismo, impiden el acceso efectivo a las personas beneficiarias, a su vez, se indicó que se deben fortalecer las medidas preventivas para los periodistas.
Incluso, se mencionó que se está observando un incremento en el acoso judicial hacia los periodistas y también de la importancia de que el Gobierno y el propio Mecanismo respondan a la incógnita de cómo se va a asegurar el financiamiento del nuevos Sistema Nacional de protección en los estados y que este sistema sea distinto al Sistema Nacional de Desapariciones.
Cada 12 horas, se agrede un periodista: Articulo 19
La organización civil Articulo 19 expuso que, de acuerdo con sus datos, cada 12 horas se está agrediendo a un periodista por ejercer su labor y en este sentido, dijo que “el hecho que el titular del Ejecutivo federal y otros servidores públicos estigmaticen a la prensa, prácticamente todos los días, empeora el contexto de violencia que se vive en el país”.
La oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, Paula Saucedo habló de la estigmatización que se está viviendo de parte del Poder Ejecutivo en México y subrayó que la sección que se realiza en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador de Quién es quién en las mentiras, “contraviene los valores democráticos de una sociedad” y recalcó que “es bastante desafortunada”.
Recordó que el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la libertad de expresión ya ha llamado al gobierno de México a reconsiderar esta sección, porque categoriza a la prensa y divide a la opinión pública.
Saucedo expuso que el Mecanismo debe mejorarse en cuanto a los tiempos de respuesta para las personas beneficiarias y para la materialización de algunas medidas de protección.
En tanto, Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de RSF, recordó en este encuentro que el nivel de impunidad de los crímenes contra periodistas en México se halla entre el 90 y 99%, hecho que calificó como “escalofriante”.
Expresó que el informe llega en un momento sombrío por la situación que se vive en Ucrania y para la prensa latinoamericana, pues resaltó que es un momento de “gran vulnerabilidad” en la región, debido a que, al menos 134 periodistas y comunicadores fueron asesinados en México, Brasil, Honduras y Colombia, durante los últimos 10 años.
Colombié subrayó que estos 4 países, juntos, representan el 90% de todas las muertes registradas por su organización en América Latina.
En este sentido, hizo un paréntesis en la situación particular que vive México y recordó que en los primeros dos meses 2 de 2022 se registraron 8 asesinatos de periodistas en la región y, 6 de ellas, ocurrieron en nuestro: Roberto Toledo, Hebert López; Lourdes Maldonado; José Luis Gamboa; Margarito Martínez y el más reciente, Jorge Camero, asesinado el 24 de febrero en Sonora.
En este foro se hizo hincapié en que se debe terminar con la impunidad de los asesinatos y garantizar la libertad de expresión, mientras que la Segob indicó que el principal problema en estos asesinatos es la corrupción que proviene de las fiscalías estatales.
Al hacer uso de la voz, Erik Martín Salas, director general de Vinculación y Reparaciones Colectivas de la Secretaría de Gobernación aceptó que México es uno de los países que, sin encontrarse en medio de un conflicto armado, “es una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo” y también aceptó que se debe “revisar la impunidad” de los asesinatos a periodistas, pero acotó que no es una impunidad de parte de la Fiscalía General de la República (FGR), sino que “el problema está también en las fiscalías estatales”, donde dijo que estas fiscalías “tienen una impunidad de casi el 99% y eso nos está preocupando mucho, porque eso está generando una serie de agresiones en contra de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos a nivel nacional”.
A su vez, el oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Daniel Zapico mencionó que, de 2019 a la fecha, han realizado 119 recomendaciones centradas en el Mecanismo de Protección y espera que a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Digna Ochoa, en el que se ordenó reabrir la investigación de su muerte, dijo que espera que las recomendaciones avancen de manera más pronta en los próximos meses.
El caso Digna Ochoa refiere a la sentencia de la CIDH que reconoció graves irregularidades cometidas en la investigación de la muerte de defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, quien apareció muerta de un disparo en 2001 en su departamento. Por lo que la CIDH ordenó que se reabierta este caso.
Zapico añadió que las recomendaciones del Alto Comisionado en torno al Mecanismo giran en torno su mejora y, al de su Junta de Gobierno, pero también, expuso que van dirigidas a otros niveles de gobierno.
Resaltó que el Mecanismo “no es suficiente para frenar la muerte de periodistas en el contexto que se vive en México” y, coincide con la Segob, en cuanto a que mientras persista la impunidad, en los asesinatos de periodistas, el mecanismo será una herramienta “insuficiente”.
Planteó como algo muy importante que las distintas autoridades “de manera cabal y proactiva” y avancen en garantizar un ambiente propicio para la prensa.
Incluso mencionó que cuando se habla de agresiones a periodistas o defensores de derechos humanos, el riesgo está vinculado a la acción u omisión de autoridades.
Sostuvo que, para garantizar la seguridad de los periodistas, “hay que articular” realmente el trabajo de las autoridades y los poderes, no solo del Ejecutivo, sino de autoridades estatales y municipales y del Poder Legislativo y Judicial, para que cumplan con la protección de los comunicadores.
Expuso que, en México queda mucho por avanzar en esa articulación efectiva de autoridades y poderes y que, si no se avanza en esto, “ningún Mecanismo va a ser suficiente para garantizar protección”.
RFS cataloga a México como el país más peligroso para el periodismo
El director regional de RSF, Emmanuel Colombié dijo que para su organización civil, “México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en todo el mundo” y, señaló que desde 2019 es el país donde a más periodistas los mataron de manera premeditada asesinos profesionales y en donde “había pruebas previas de los ataques”.
Subrayó que la mayoría de las victimas trabajaba en ciudades pequeñas o medianas en medios de comunicación locales y atendían temas relacionados con la policía, la corrupción o con el papel del crimen organizado.
Respecto al Mecanismo de Protección para Periodistas en México, subrayó que es importante que no se vea a este, “como un engranaje aislado” cuya única función es velar por la integridad física de los beneficiarios. Por lo que resaltó que es fundamental que las políticas de desarrollo involucren a otros órganos e instituciones gubernamentales para fortalecer los frentes de prevención de la violencia y también de la responsabilidad judicial cuando ocurra.
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Previo a concluir el foro, se planteó la idea de realizar una red nacional de ayuda a periodistas para que conozcan como acceder al Mecanismo y desarrollar herramientas para la protección de los comunicadores.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación fue creado en el año 2012 y es una serie de medidas que asume el Estado para proteger de manera obligada a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor y llama a las demás autoridades involucradas a hacer lo propio en esta materia.
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