La comunidad médica en el país está en la mira del crimen organizado. Los delincuentes creen que los doctores gozan de un estatus económico alto y están obligados a curar a los criminales en situaciones de emergencia.

En los últimos tres meses, una ola de violencia ha impactado a los trabajadores de la salud (estudiantes,  médicos, residentes, enfermeras, personal administrativo) en 21 estados del país y en la Ciudad de México.

El personal de salud ha sufrido desde asaltos en la vía pública, robo en sus instalaciones, secuestro, extorsión, amenazas, levantones, tortura y hasta asesinato. Pocos casos han quedado resueltos.

Luego de los asesinatos de una estudiante de la FES Iztacala y de la doctora Jessica Sevilla, en el Estado de México, el campus de la UNAM exhortó a los alumnos de ciencias de la salud a usar la bata blanca solo un día a la semana. La misma situación se determinó en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

La Academia Mexiquense de Medicina AC y otras federaciones médicas del país alistan en las próximas semanas presentarán un estudio sobre la inseguridad de la comunidad médica en México, en particular de las mujeres.

Ante la presión de residentes médicos con especialidad, agrupados en el movimiento #NiUnaBataMenos, de varios estados del país y en especial en León, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) canceló en días pasados las prácticas de campo para ellos en hospitales rurales de San Carlos, Tamaulipas; Papantla, Veracruz; y La Unión, Guerrero. Otras zonas están aún por definir.

Piden traslados y cancelación de plazas

En entrevista para la OEM, el abogado César Pereda, representante legal de la organización #NiUnaBataMenos, explicó que los médicos residentes de especialidad (obstetricia, ginecología, pediatría, entre otros) del IMSS que realizan su servicio social en coordinación con el Programa Prospera, en comunidades marginadas, no tienen garantizada su seguridad en los centros médicos asignados, al ser lugares con falta de educación, rodeados por la violencia y en ocasiones del crimen organizado que toma esos pueblos como base.

Se vienen presentando esos casos desde hace siete años, agresiones verbales, físicas e incluso asesinatos: “Hace dos años, en Veracruz, a un médico lo sacaron de las instalaciones y lo mataron. Hace poco, a un paciente lo sacaron del hospital, lo acusaron de robo y los mismos pobladores lo lincharon afuera y golpearon a médicos residentes.

“El último caso que tenemos registrado es el de una médico de León que estaba embarazada. Fue enviada a Veracruz a realizar su Servicio Social y en poco fue secuestrada por el crimen organizado con la intención de obtener dinero. Afortunadamente, fue rescatada”, explicó el abogado.

Esos centros hospitalarios no cumplen con los requerimientos mínimos de la Norma Mexicana en materia de higiene, de infraestructura, abundó.

A raíz de estos hechos, se viene pidiendo al IMSS el traslado de los médicos residentes a comunidades más seguras, pero “hasta ahora hicieron caso las autoridades pues se hizo un pliego petitorio de manera colegiada. Las autoridades se comprometieron a trasladar a los médicos y cancelar plazas en algunos estados, sin embargo, todavía no han sido todos trasladados”, explicó César Pereda.

El movimiento se replica en el país

Los pliegos petitorios no son de ahora, llevan años haciéndose llegar al IMSS, “ahora, en este año, la diferencia es que fue un pliego petitorio colegiado. Antes lo hacía el médico que se veía agredido de manera individual”.

Los médicos de León, Guanajuato, en especial de las clínicas 40 y 48 se agruparon en el movimiento #NiunaBataMenos y plantearon esta situación a las autoridades del IMSS y su resolución.

La semana pasada se hizo un pliego petitorio y un paro de labores activo, “obviamente que este movimiento se replicó en otros estados de la República -Nayarit, Colima, Sonora, Jalisco- están exigiendo al IMSS que garantice las condiciones de seguridad en los centros hospitalarios. Hasta que no sean garantizados, que se suspenda el envío de médicos”.

La semana pasada tuvieron una asamblea con la responsable de la Unidad de Investigación, Enseñanza y Políticas de Salud del IMSS, Ana Carolina Sepúlveda Vildosola, quien expresó su preocupación: “estamos siendo vulnerables ante el crimen organizado que nos califica con un estatus económico alto y con ciertas características que puede ayudarlos en situaciones de emergencia de sus pacientes; se les hace fácil levantar a los enfermeros para que atiendan a sus familiares. Esta situación no es un problema particular del instituto, es del gremio en todo el país”, dijo en videoconferencia.

Se comprometió a hacer un replanteamiento del servicio social y atender la seguridad de los residentes.

Ahí se informó de la cancelación de sedes de muy alto riesgo en localidades de Tamaulipas, Veracruz y Guerrero.

Verbalmente, regresaron a médicos de esas sedes, sin embargo, a decir de César Pereda, la realidad es que hasta la fecha no han recibido una notificación formal, “ni se nos ha permitido participar en la toma  de decisiones sobre cuáles son estos centros hospitalarios que deben de suspenderse. Qué mejor que el médico residente para decir las carencias de los centros hospitalarios. Si no vemos evidencia física de que se va resolviendo física y documental esta situación, reiniciamos nuestras asambleas y exigiremos al IMSS que esta problemática no se presente. Lo que le sucede a los médicos repercutirá en lo que le suceda a la población en general que vamos por servicios médicos”.

Por el momento esperan que regresen a los residentes de esos lugares considerados de alta peligrosidad y las autoridades del IMSS determinen cuál será su nueva ubicación. Que los médicos “se sientan seguros de realizar su profesión, no queremos afectar a la sociedad. Que regresen los residentes, que se cancelen los centros de riesgo, los cuales vuelvan a ser evaluados, que nos permitan tomar decisiones y esperamos una respuesta por parte de la autoridad”, finalizó el abogado César Pereda.

Otros médicos residentes nos compartieron que las comunidades a donde los han asignado son sitios con muy alta marginación,  con carencias educativas, donde la propia gente de la comunidad agrede a los trabajadores de la salud por ignorancia. No está contenta con las decisiones médicas. Toman la violencia como primera estrategia. “Los presidentes municipales no dan solución, quizá organismos de seguridad privada y las autoridades en coordinación con seguridad pública ayudarían a frenar estos ataques”, comentaron.