Más de dos mil personas firmaron ya la petición que la familia Castillo Cuevas lanzó a través de la plataforma Change.org para exigir la renuncia, destitución o remoción del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien señalan por haber cometido diversos delitos graves durante su administración al frente de la dependencia.
De acuerdo con la petición, que el día de hoy alcanzó la meta de dos mil 500 firmas, entre estos delitos están omisiones de carácter grave, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, abuso de funciones y conflicto de interés, lo que lo convierte en “un tema del máximo interés para todos los mexicanos”.
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La familia Castillo Cuevas ganó popularidad ante la opinión pública luego de que se diera a conocer el caso de Alejandra Castillo Cuevas, familiar político del fiscal que estuvo encarcelada 528 días por un delito que fue fabricado por la FGR, según lo concluyó la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación hace tan solo un mes.
Por ello, ahora la familia Cuevas asegura que el cargo del fiscal “se ha caracterizado por ser vengativo en contra de quienes le incomodan, tibio ante el crimen organizado e indiferente con las víctimas del delito, lo que se traduce en una de las peores gestiones de procuración de justicia en la historia del México”.
Por ello, en la petición la familia Cuevas especifica que el fiscal puede ser destituido a través de dos mecanismos: el juicio político a cargo del Congreso de la Unión o la remoción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, según lo dicta la propia Constitución.
“Para ello, al fiscal se le deben atribuir actos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o bien, que incurra en una o varias causas graves”.
¿De qué delitos acusan al fiscal Gertz Manero?
Entre los delitos que se le jactan al fiscal Gertz Manero está el de omisiones de carácter grave, establecido en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Esto debido a que “a tres años de su nombramiento, Alejandro Gertz Manero no ha presentado ni una sola vez el Plan Estratégico de Procuración de Justicia de Gestión”.
Ley General de la Fiscalía establece que el titular de la dependencia deberá presentar a su inicio de gestión ante el Senado de la República dicho Plan, “el cual tendrá que revaluarse y presentarse nuevamente cada tres años”, cosa que aseguran no ha realizado el fiscal.
Según la petición, Gertz tampoco ha establecido el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadel), obligación establecida en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penal Crueles, Inhumanas o Degradantes, situación que ha sido calificada como “una omisión absoluta” incluso por parte de un Tribunal Colegiado.
Otro delito por el que se le señala es por el de enriquecimiento oculto, establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que asegura que incurre en un delito el funcionario que falte a la veracidad en “la presentación de las declaraciones patrimoniales”, mismas que el fiscal no ha querido hacer públicas desde el inicio de su gestión.
Diversas investigaciones periodísticas han dado cuenta de que el fiscal tiene propiedades en España, Estados Unidos y Francia, mismas que podrían no tener relación con los ingresos que ha percibido el fiscal desde que se convirtió en funcionario público.
Otro de los delitos es el de tráfico de influencias, que la Ley antes referida establece que se comete cuando un funcionario utiliza la “posición de su cargo para inducir a que otro servidor público realice algún acto de su competencia para generar beneficio, provecho o ventaja para sí”.
El pasado 22 de marzo se filtró una llamada telefónica entre el fiscal Gertz y su mano derecha, el fiscal Juan Ramos, Especializado de Control Competencial, en la que ambos reconocieron haber pactado un supuesto acuerdo con un ministro de la Suprema Corte para dejar en la cárcel a Alejandra Cuevas.
Sobre este caso incluso el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, presentó una denuncia penal en contra del fiscal por el mismo delito, escrito en el que el exfuncionario reconoció que el propio fiscal pidió su intervención para ayudarlo a litigar este y otros de sus asuntos personales.
Por ello la petición de la familia Cuevas finaliza asegurando que esta acusación “no se trata de una apreciación basada en calificativos ni en opiniones personales, sino en hechos duros, como los descritos Sr. Presidente y Congreso de la Unión. México puede respirar y respirar mejor el día que Alejandro Gertz Manero renuncie o sea removido de su cargo”.
