La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) sigue sin justificar que la impresión del material educativo que se pretende utilizar para el próximo ciclo escolar se ha llevado a cabo bajo los programas de estudio vigentes, por lo que de no acatar lo mandatado, una jueza federal advirtió que podría haber consecuencias judiciales.
A más de un mes que Yadira Medina Alcántara, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, solicitó a la Conaliteg y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que cumplieron con los requisitos necesarios para imprimir y distribuir los libros de texto, esto no no se ha cumplido.
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El miércoles pasado, la juzgadora dio a conocer que ambas dependencias presentaron “diversas constancias” para acreditar lo que se les requirió desde el 26 de mayo y posteriormente el 5 de julio.
Pero en su resolución de este martes, Medina Alcántara notificó de un nuevo oficio enviado por la Conaliteg en el que se dijo incapaz de cumplir con ello, sin que esto haya frenado la impresión y la distribución de libros, lo que viola la suspensión definitiva otorgada a favor de la Unión Nacional de Padres de Familia.
“Se recibe el oficio presentado en representación de la Titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, mediante el cual reitera su imposibilidad para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos”, expuso la jueza.
Aunque anteriormente dio un ultimátum de 24 horas para que ambas instituciones cumplieran los requisitos, reiteró que de no cumplir con lo ordenado en la suspensión se le harán efectivos los apercibimientos formulados.
Esto es que, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Amparo, a quien haga caso omiso de una suspensión podrá ser incluso sujeto a un proceso penal en el que habría la posibilidad de ser sancionado con tres a nueve años de prisión, la inhabilitación para ejercer un cargo público por el mismo tiempo y una multa de entre 50 y 500 UMA.
Sobre la distribución de los libros de texto gratuitos, actualmente existe otra suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el material no pueda ser distribuido en Chihuahua, decisión que, según dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, actará el Gobierno federal.
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Ahora, tras la notificación del ministro Luis María Aguiar Morales a sus compañeros de la SCJN, el asunto ahora deberá ser analizado por el Pleno para determinar en última instancia si es o no constitucional la distribución de los libros.