/ martes 2 de abril de 2019

Condiciones de autogobierno persisten en cárceles del país

La CNDH identificó que estas condiciones se dan en Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó que en los centros penitenciarios de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas persiste condiciones de autogobierno, así como conductas ilícitas: cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades en común.

Al presentar el análisis de las principales dinámicas económicas sociales y políticas de los 12 estados con más problemática penitenciaria, la CNDH refirió que es fundamental que autoridades, instituciones educativas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil sumen esfuerzos para mejorar las condiciones de reclusión con pleno respeto a los derechos y la dignidad de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

La tercera visitadora general de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, explicó que en los sistemas penitenciarios se detectaron condiciones de autogobierno, así como conductas ilícitas como cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades en común.

Villanueva señala que el análisis muestra las condiciones de los Estados que en promedio tuvieron una calificación reprobatoria de 2013 a 2017 y las cifras del último año en cuanto a su población, observando que en conjunto albergaban a 38,827 internos, lo que representaba el 24% de la población total en los centros locales.

En estas entidades se detectó en su sistema penitenciario condiciones de autogobierno, existencia de conductas ilícitas como cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades en común.

De acuerdo al documento realizado en el marco del convenio de colaboración firmado entre la CNDH y el Centro Geo en junio del año 2018 y partiendo de los resultados obtenidos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) que anualmente elabora la CNDH, se han visibilizado deficiencias importantes en los últimos años en este tema.

La recurrencia en los estados que fueron calificados con esta evaluación ha sido muy importante, de donde surgió la necesidad de llevar a cabo un análisis específico, partiendo de la hipótesis de que las prisiones son el reflejo de la sociedad, encontrándose por ejemplo, que en diversas entidades se hallaron indicios de violencia política (en términos de homicidios electorales) o de corrupción de servidores públicos, apuntando claramente a los Estados que ya de por sí se detectaban con problemáticas más complejas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó que en los centros penitenciarios de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas persiste condiciones de autogobierno, así como conductas ilícitas: cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades en común.

Al presentar el análisis de las principales dinámicas económicas sociales y políticas de los 12 estados con más problemática penitenciaria, la CNDH refirió que es fundamental que autoridades, instituciones educativas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil sumen esfuerzos para mejorar las condiciones de reclusión con pleno respeto a los derechos y la dignidad de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

La tercera visitadora general de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, explicó que en los sistemas penitenciarios se detectaron condiciones de autogobierno, así como conductas ilícitas como cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades en común.

Villanueva señala que el análisis muestra las condiciones de los Estados que en promedio tuvieron una calificación reprobatoria de 2013 a 2017 y las cifras del último año en cuanto a su población, observando que en conjunto albergaban a 38,827 internos, lo que representaba el 24% de la población total en los centros locales.

En estas entidades se detectó en su sistema penitenciario condiciones de autogobierno, existencia de conductas ilícitas como cobros y extorsiones, además de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras irregularidades en común.

De acuerdo al documento realizado en el marco del convenio de colaboración firmado entre la CNDH y el Centro Geo en junio del año 2018 y partiendo de los resultados obtenidos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) que anualmente elabora la CNDH, se han visibilizado deficiencias importantes en los últimos años en este tema.

La recurrencia en los estados que fueron calificados con esta evaluación ha sido muy importante, de donde surgió la necesidad de llevar a cabo un análisis específico, partiendo de la hipótesis de que las prisiones son el reflejo de la sociedad, encontrándose por ejemplo, que en diversas entidades se hallaron indicios de violencia política (en términos de homicidios electorales) o de corrupción de servidores públicos, apuntando claramente a los Estados que ya de por sí se detectaban con problemáticas más complejas.

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