La organización Mexicanos Primero advirtió que los contagios en las escuelas están poniendo en riesgo la presencia de niños, niñas y adolescentes en la educación básica en el país, más aún porque “la gran mayoría no ha recibido su esquema de vacunación contra Covid-19” y eso debería poner a las autoridades en “alerta máxima” al cierre del actual ciclo escolar.
Luego de que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó un amparo a Aprender Primero (brazo jurídico de Mexicanos Primero) en el que ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud (SSa) implementar medidas que garanticen que todas las escuelas del país sean seguras frente a la emergencia sanitaria que todavía enfrentamos, la organización consideró que los contagios crecientes en distintas entidades “no es cosa menor”.
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El año pasado, la organización obtuvo la suspensión del acto reclamado por parte del Poder Judicial de la Federación, que ordenaba garantizar los insumos necesarios y la emisión de protocolos obligatorios y ahora el juez ahora otorga el amparo.
Señaló que los contagios por falta de insumos y protocolos “vulnera el ejercicio de su derecho a aprender, el cual ya ha sido violentado durante casi dos años de encierro”.
La organización insistió que sin la orientación de un protocolo sanitario verdadero y definido, las autoridades educativas locales no tienen una referencia que les permita saber qué hacer.
El Sistema educativo debe de contar con protocolos
Señaló que ante la presencia de una posible nueva ola de contagios y porque los estudiantes de este nivel educativo no han recibido, en su mayoría, su esquema de vacunación en contra de Covid-19 “debería poner a las autoridades en alerta máxima en el cierre del ciclo escolar 2021-2022 y el comienzo del próximo 2022-2023”.
La denuncia de la organización, desde el año pasado, ha sido para que el sistema educativo cuente con protocolos que permitan un regreso a las aulas lo más seguro posible.
En consecuencia, el Juez ordena que la SEP y Salud “emitan un protocolo sanitario que distinga claramente entre recomendaciones y lo que es de aplicación obligatoria para las escuelas del país (que a la fecha no se tiene) y hagan disponibles todos los insumos necesarios para la prevención de contagios, sin costo alguno para las comunidades escolares, y con un reparto equitativo y sin discriminación”.
La organización cuestiona que las autoridades delegaron en las mismas comunidades escolares la procuración de cubrebocas, sanitizantes, termómetros y demás insumos, situaciones que la sentencia manda corregir.
Lo que se ha planteado es que el protocolo sanitario deberá ser elaborado por expertos de la SEP y Salud, además de recoger las opiniones y experiencias de las autoridades educativas locales y demás integrantes del Sistema Educativo Nacional.
En cambio, lo que correspondió fue un regreso presencial a las escuelas avalado por meras recomendaciones y sin responsabilizarse de pagar los materiales necesarios tales como agua, jabón, cubrebocas y sanitizantes para la prevención de contagios, sin asegurar que se contara con ellos en cada escuela, en todo el ciclo y no sólo la reapertura.
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Frente a ello la organización demandó a la SEP “acatar esta sentencia de amparo lo antes posible, no seguir gastando recursos de los contribuyentes para oponerse al cumplimiento de derechos humanos y poner suficiente atención para lograr que las aulas sean, ahora sí, espacios seguros para la salud de todas las personas que acuden a ellas, ante situaciones como el Covid-19 y fenómenos semejantes”.
Pidió contar con el protocolo que manda el juez y evitar que esas medidas sean una recarga de tareas sobre docentes y familias.