Nueve años y medio después de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014, una nueva confrontación entre estudiantes normalistas de esta escuela y policía estatal provocó la muerte de un joven de 23 años.
La contradicción entre versiones, así como las primeras indagatorias judiciales de los hechos revelan que, de nueva cuenta, autoridades habrían perpetrado un homicidio contra un estudiante normalista, quien junto a sus compañeros, habían hecho una parada carretera para ir a una tienda de abarrotes.
La versión oficial, según las indagatorias de las autoridades de Guerrero, asegura que Yanqui Gómez Peralta, joven de 23 años; junto a su compañero Osiel; conducían una camioneta Pick Up con reporte de robo en la que llevaban droga y armas.
La Secretaría de Seguridad Federal (SSPC) respaldó parte de esta versión, añadiendo que policías locales dieron con el automóvil gracias a un rastreo por cámaras del C4, y un retén policíaco en las inmediaciones de Chilpancingo confrontó a los estudiantes que estaban estacionados.
Las autoridades aseguran que al momento de ser abordados por las autoridades, el joven Yanqui sacó un arma de fuego y comenzó un “intercambio de disparos” que provocaron heridas graves en el normalista que habría fallecido camino al hospital.
Además, según el comunicado oficial, se detuvo a Osiel N por los hechos.
No obstante, versiones de familiares, amigos y organizaciones cercanas a los jóvenes normalistas aseguran que Yanqui fue asesinado por la policía local de Guerrero.
En primera instancia, expuso el Padre Filiberto Velázquez (representante del Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello) a El Sol de México, autoridades han omitido mencionar que en el automóvil de los jóvenes viajaba un tercer estudiante, mismo que bajó a la tienda de abarrotes dónde aparcaron y se resguardó ahí durante el conato.
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Según la madre del joven Yanqui, los estudiantes buscaban comprar una cajetilla de cigarros cuando el piloto y copiloto del vehículo fueron atacados por la Policía Estatal.
Además, la señora confirmó que en las pruebas periciales a su hijo no se detectó rodizonato de sodio en sus manos, situación que desestimaría la versión sobre una presunta portación de arma de fuego y se contrapone a lo afirmado por la SSPC.
Si bien la misma Secretaría de Seguridad aseguró que al momento ya hay varias personas detenidas, no se explica si éstas corresponden a policías involucrados en los hechos o a estudiantes normalistas que horas después de estos hechos realizaron protestas en Tixtla, dónde quemaron patrullas estatales.
Mientras la SSPC no da por hecha la culpabilidad del policía, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la noche del 8 de marzo que solicitó a la Fiscalía estatal la carpeta de investigación del caso para atraerlo por completo a su jurisdicción federal. Además, argumentaron que las primeras indagatorias revelan una posible violación a los derechos humanos de los jóvenes por parte de las autoridades.