El mercado negro de gas LP en México se ha incrementado en los últimos años y se corre el riesgo de que la política de precios máximos del combustible se convierta en “una excelente oportunidad” para que el crimen organizado siga extendiendo su lucrativo negocio en el sector, advirtió José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México.
En la teoría económica es bien sabido que cuando se impone un precio tope sobre algún bien o servicio, y éste está por abajo del precio de equilibrio (el que resulta de las fuerzas de oferta y demanda del mercado), el resultado inevitable es la escasez y el surgimiento de mercados negros.
La lógica es simple. Si el precio actual o de mercado de un producto está por encima del precio fijado por el gobierno, hay más consumidores que quieren comprar, pero los vendedores tendrán incentivos a racionarlo porque reciben menos dinero por su producto. No sólo venderán a quienes ellos prefieran, sino que podrían ser tentados a venderle a quien les ofrezca una cantidad adicional “por debajo de la mesa”, generándose así un mercado negro.
Eso no es todo. En entrevista con El Sol de México, el representante de los gaseros indicó que, al no haber abasto suficiente de gas o condiciones operativas para el servicio de los intermediarios (comisionistas), “puede llegar a suceder que el mercado negro, manejado por la delincuencia, vaya tomando lugar para suministrar producto ilícito o de dudosa procedencia”. Para decirlo sin eufemismos, abriría la puerta a que el crimen venda combustible robado.
Es un hecho que desde hace años la delincuencia organizada lucra con el gas licuado de petróleo, conocido como gas LP. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el aseguramiento de gas robado pasó de 26 mil 325 litros en 2017 a 100 mil litros en 2020, lo que equivale a un incremento de 280 por ciento. Entre enero y julio de 2021, el Ejército mexicano ya había decomisado 26 mil 085 litros más.
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En total, entre 2017 y el mes pasado los militares aseguraron más de 252 mil litros de gas LP, además de un millón 348 mil 645 litros de gasolina, tres millones 618 mil 287 litros de diésel y 69 mil litros de combustóleo, indican datos de la dependencia entregados vía transparencia.
“Hemos sufrido los embates de la delincuencia organizada que, a través de cobro de piso y otros mecanismos fraudulentos, pretende imponer su autoridad”, lamenta Rodríguez.
Pero ahora la delincuencia a la que hay que poner atención es aquella que se encuentra en un mercado vulnerable, para poder llevar el hidrocarburo
A principios de mes entró en vigor el control de precios para la provisión al menudeo del gas LP. El esquema consiste en la fijación semanal de precios máximos de ese combustible por región y medio de venta. La medida, según la Secretaría de Energía, se impuso ante “las ventajas injustificadas” y “márgenes excesivos” de ganancia de las empresas encargadas de su distribución y comercialización.
La política de precios tope se complementa con la creación de la empresa pública Gas Bienestar, para vender cilindros de gas LP a “precios justos”.
PUEBLA, EL EPICENTRO DEL ROBO
Las estadísticas de la Sedena indican que el grueso de los aseguramientos de gas LP, entre 2017 y 2021, ocurrió en los municipios poblanos de Tepeaca (113 mil 170 litros), Tlahuapan (21 mil 455), San Martín Texmelucan (20 mil 740), Puebla (18 mil 900), Amozoc (16 mil 800) y Acajete (11 mil 600).
También hubo decomisos en San Pedro Cholula, Tecomatlán, San Matías Tlalancaleca, Huejotzingo, San Miguel Xoxtla, Los Reyes de Juárez, Atlixco, Tecamachalco, Ixtacamaxtitlán, Palmar de Bravo, San Salvador el Verde y San Felipe Teotlalcingo, todos en el estado de Puebla.
El Triángulo Rojo, zona comprendida por los municipios de Acajete, Tepeaca, Tecamachalco, Acatzingo, Quecholac y Palmar del Bravo, es donde operan los huachicoleros.
En marzo pasado, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) informó que tenía registro de 83 mil 529 tomas clandestinas en 20 años a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), causando un daño patrimonial de 30 mil millones de pesos por año.
La Sedena, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República han detectado en Puebla, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Tabasco y Nuevo León la mayor sustracción ilegal de hidrocarburos, al concentrar, el año pasado, 72.51 por ciento de las carpetas de investigación por robo de combustible, incluyendo el gas LP.
