La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado urgente a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para atender con sensibilidad y acciones concretas la violencia de género que viven las mujeres de nuestro país.

"Nos encontramos sumamente preocupados ante los feminicidios, que durante los últimos 5 años han registrado un incremento de 137 por ciento a nivel nacional, porcentaje que es superior a la incidencia registrada por cualquier otro delito", señala en un comunicado.

Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 50 por ciento de los asesinatos a mujeres han sido perpetrados por su pareja, y 30 por ciento de ellos ocurrieron en su hogar.

Además, datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que durante lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado mil 063 feminicidios, más lo que se acumule en enero del presente año.

Esto significa un promedio de 2.7 feminicidios diarios y 75 mensuales, un incremento del 8 por ciento en el 2019, respecto al mismo periodo del 2018. Además, uno cada 3 días se presenta el asesinato de una menor de edad, para dar un total de 12 homicidios de niñas cada mes.

Por ello, la Coparmex propone un decálogo de acciones concretas y urgentes contra feminicidios y violencia hacia las mujeres, creando capacidades institucionales, mismas que deben de contar con una estrategia clara de prevención, así como una postura efectiva contra la impunidad que persiste en la investigación y sanción de los crímenes de género.

• Reconocer los hechos, no evadirlos. Estamos ante un problema estructural, no ante un ataque al gobierno. Las autoridades deben tener un discurso empático, pero sobre todo una ruta clara de acción y políticas públicas pertinentes, para atender los múltiples factores que generan esta violencia.
• Establecer una Alerta Nacional de Género.
• Homologar el tipo penal del feminicidio en todas las entidades federativas con la finalidad de establecer la misma figura jurídica.
• Atender de manera interinstitucional y de manera oportuna la espiral de la violencia desde la primera denuncia, así como tener una respuesta inmediata de la autoridad ante desapariciones. Fortalecer los mecanismos de denuncia y dar seguimiento a las víctimas, además de estandarizar los protocolos de investigación y búsqueda.
• Destinar presupuesto para capacitar personal de fiscalías y juzgados, así como para sistematizar la información resultado de las investigaciones de las fiscalías y las sentencias de los juzgados, con el fin de tener insumos objetivos para políticas públicas más efectivas.
• Contar con juzgados especializados en violencia de género con el objetivo de expedir sentencias apegadas al marco de la ley.
• Reincorporar los subsidios directos a los refugios de mujeres violentadas y sus hijos, a las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Diseñar campañas de prevención de violencia familiar y de género.
• Establecer las autoridades, junto con la sociedad civil, mecanismos de atención efectivos ante llamados de auxilio para lograr la atención inmediata de la autoridad ante hechos de violencia familiar o de género.
• Sancionar a los medios de comunicación que revictimicen a las mujeres o niños asesinados con la publicación de sus imágenes, manteniendo el principio de libertad de expresión.
• Fortalecer el rescate del tejido social, hacer comunidad y promover las redes de apoyo ciudadano y de la sociedad civil organizada.

"El crimen contra las mujeres es un reflejo del debilitamiento del tejido social y la violencia familiar que crece día con día, sin que los gobiernos hagan algo para resolver dicha problemática", finaliza.