El gobierno federal afirmó que un coronel del Ejército mexicano dio la orden para asesinar a seis de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre el ataque contra los estudiantes, Encinas señaló que han descubierto que la orden la dio José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades.
"Estamos diciendo quiénes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación", refirió.
Encinas agregó que "fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se están tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición, son los temas que estamos nosotros analizando".
Por otra parte, Encinas negó que haya un uso político del informe que presentó hace una semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un "crimen de Estado" del sexenio anterior.
"Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación", señaló Encinas.
Encinas defendió el reporte, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y derivó el viernes pasado en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El subsecretario reconoció que hay un "contenido político", pero consiste en "esclarecer un crimen de Estado".
También calificó de "absolutamente falso" el que el informe no diga "nada nuevo" y que solo se basa en una fuente de información.
Enunció que el reporte tiene fuentes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad, además del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía de Guerrero y la Fiscalía General de la República.
Asimismo, se basa en informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, además de 115 testimonios.
El subsecretario rechazó que el informe sea igual a la "verdad histórica" que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocoula, Guerrero.
"La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones", aseveró.
. Pese a los avances presumidos, reconoció que aún no identifican dónde están los cuerpos de las 43 víctimas.
"¿Dónde están? Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas", dijo.
|| Con información de EFE ||
