El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está obligado a crear programas en el sistema educativo público para el combate a la corrupción, así como adoptar controles para que empresas e inversionistas eviten el soborno.
México tiene que “llevar a cabo actividades de información pública y programas de educación pública que contribuyan a la no tolerancia a la corrupción”, dice el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), firmado por 11 países que forman parte del tercer mayor pacto económico del mundo.
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Perú, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam acordaron adoptar o mantener medidas para promover asociaciones profesionales y otras organizaciones no gubernamentales para promover y asistir a las empresas, en particular a las Pequeñas y medianas empresas (PYMEs), en el desarrollo de controles internos, programas de ética y cumplimiento o medidas para prevenir y detectar el cohecho y corrupción en el comercio internacional y la inversión.
Las naciones buscan, a través de su Capítulo 26 sobre transparencia y anticorrupción, incentivar a la administración de las empresas realizar declaraciones en sus informes anuales, o divulgar públicamente sus controles internos, programas de ética y cumplimiento o medidas, incluyendo aquéllas que contribuyen a prevenir y detectar el cohecho y corrupción en el comercio internacional y la inversión.
“Los empresarios celebramos que la administración que inicia haya establecido el combate a la corrupción como una prioridad”, dijo en días pasados Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El costo de la corrupción en México oscila entre 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país y 14 por ciento del ingreso promedio anual de los mexicanos se va a los pagos extraoficiales, calculó el empresario.
Más de cinco millones 200 mil personas adultas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción, algo que fue incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte público, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Unos 247 mil 267 establecimientos o empresas fueron víctimas de corrupción en 2017.
“México tiene que iniciar una cruzada para cerrar espacios a la discrecionalidad de los servidores públicos, terminar con el desvío de recursos gubernamentales y, en general, dejar atrás los beneficios privados por el ejercicio de una responsabilidad pública”, manifestó Castañón.
Según el acuerdo comercial, las economías de Asia y América están obligadas a adoptar o mantener medidas que respeten, promuevan y protejan la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información concerniente a la corrupción.
Los gobiernos de los 11 países deben incentivar a las empresas privadas para que desarrollen y adopten suficientes controles de auditoría interna para prevenir y detectar actos de corrupción en los asuntos que afecten el comercio internacional y la inversión, así como asegurar que su contabilidad y los estados financieros requeridos estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación.