Las políticas prohibicionistas de drogas han incentivado el uso excesivo de prisión preventiva, y han provocado una afectación desproporcionada en mujeres, quienes pueden pasar meses o incluso años encerradas por delitos no violentos relacionados con las drogas antes de que su caso sea resuelto por un juez, señala el más reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Los datos compilados y analizados por tres organizaciones de defensa de derechos humanos, investigación e incidencia —WOLA y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés) y de justicia— encontraron que durante el 2017 en los centros penitenciarios de 14 entidades en México, más de la mitad de las mujeres encarceladas por delitos del fuero federal no habían sido sentenciadas y el porcentaje de mujeres en prisión preventiva es aproximadamente un 20 por ciento más alto que para los hombres.
El documento destaca que las mujeres en México permanecen proporcionalmente más tiempo en prisión preventiva que los hombres. Según los datos publicados por la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, el 27.4 por ciento de las mujeres esperaban entre uno y dos años para ser sentenciadas, mientras que sólo el 24.7 por ciento de los hombres esperan un plazo tan largo.
En este sentido, recalca que en la mayoría de los países de América Latina hay una proporción mayor de mujeres que de hombres que esperan juicio tras las rejas.
“Las políticas de drogas actuales están llenando las prisiones de América Latina con mujeres, muchas de las cuales se ven obligadas a dedicarse al negocio de drogas porque no tienen otras alternativas para apoyar a sus familias”, dijo la Asociada de Programa de WOLA y autora del informe, Teresa García Castro.
Por su parte, Marie Nougier, Directora de Investigación y Comunicaciones del IDPC, advierte que quienes toman decisiones políticas en América Latina deben reconocer que encerrar a un gran número de mujeres para que esperen el juicio por delitos de drogas menores y no violentos no crea comunidades más seguras, ni reduce el mercado ilícito de drogas.
Destaca que las últimas reformas legales de justicia penal buscan que la cárcel sea prácticamente la única respuesta a la inseguridad, delincuencia y violencia.
“Un ejemplo es que, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, el Congreso mexicano aprobó una ley para modificar la Constitución que expande el uso de la prisión preventiva. Esta reforma amplía la lista de delitos que justifican la prisión preventiva automática, incluyendo la corrupción, delitos electorales, robo de combustibles, robo a mano armada, posesión de armas y otros, y por lo tanto incrementará la población en prisión preventiva”.