La Fiscalía General de la República (FGR), triangula información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaria de Hacienda, y diversas agencias de Estados Unidos, para la identificación y desmantelamiento de redes de trata de personas y rutas utilizadas para el comercio sexual de mujeres y niñas, que son enviadas desde México a Miami, Nueva York y San Diego.
De acuerdo con información en poder de El Sol de México, colombianas y venezolanas, quiénes en su país eran doctoras, licenciadas y profesionistas, son enganchadas aprovechándose de su situación económica, para después ser obligadas a prostituirse.
Las mujeres, según explicó en entrevista Juan Manuel Zavala Evangelista, encargado de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR, son traídas por vía aérea a la Ciudad de México y Cancún para entrenarlas. Después son enviadas a Miami, Nueva York y San Diego, a través de dos rutas principalmente.
En la primera, a través del Bajío, son llevadas a Tijuana y luego a San Diego. La otra ruta se orienta al Golfo de México, cruzando por Tamaulipas para llevarlas a Nueva York.
Según el funcionario, en el año 2018 se judicializaron 35 casos por trata de personas, y 46 en 2019, logando sólo ocho sentencias en 2018 y un número similar en 2019. “Hasta el momento, hay 47 vinculaciones a proceso por este delito en los últimos dos años”, dice.
Zavala Evangelista, quien desde el 2018 es el coordinador encargado del despacho de la FEVIMTRA, ante la falta de un titular, sostuvo que informes de Unicef y de la CNDH revelan que un alto porcentaje de delitos de trata, van dirigidos a mujeres y niñas, “aunque también se han descubierto hombres que son explotados pero en el ámbito laboral en plantas agrícolas”.
Desde sus oficinas ubicadas en el Bunker de la FGR, profundizó que en el caso de las colombianas y venezolanas llegan en avión a la Ciudad de México y Cancún, pero las connacionales son captadas por familias originarias en Tlaxcala y ahí inician una fase de preparación para el delito donde aprovechan su situación familiar e incluso sus costumbres.
Es decir, explica, saben que por sus tradiciones, muchas de ellas sus padres no les permiten no llegue a su casa, por lo que las invitan a un baile y no las regresan sabiendo que van a ser rechazadas o mal vistas.
Al quedar “manchadas”, se casan con ellas y se las llevan a Tlaxcala, donde mujeres matriarcas les dicen que tiene que hacer todo lo que su esposo les dice y ahí comienzan a ser golpeadas.
En otros casos, una vez que se casan con ellas, las engañan con historias como que tiene un negocio de zapatos que quebró y debe mucho dinero, por lo que piden que se prostituya por unos meses para pagar su deuda, pero esos dos meses nunca terminan.
Según el funcionario se han identificado zonas de tolerancia, “en Izúcar de Matamoros, Puebla, donde las autoridades estatales permiten la prostitución en este tipo de lugares muy insalubres”.
Aunque asegura que es muy difícil establecer el tipo de organizaciones están detrás de este lucrativo delito, en 2015 se identificó que los Zetas y el cártel del Golfo, tenían el control de varias zonas para esta actividad, aunque también se han detectado microorganizaciones familiares en las que “el poder se pasa de hermano a hermano a cuñados, amigos cercanos pero nunca se deja el negocio”.
PRESUNTOS ENGANCHADORES
En la entrevista, Juan Manuel Zavala indicó que en las organizaciones dedicadas a la trata de personas, se han identificado roles específicos, en los que unos que se dedican a enganchar, otros al traslado, vigilan y cobran.
“El perfil de un enganchador es joven de entre 17 a 25 años, hacen mucho ejercicio, se cuidan y llegan en vehículos ostentosos como Audi. Ven a una jovencita, le regalan cosas, la impacta diciéndole que son empresarios”, narra el funcionario.
Según dijo, por violencia contra la mujer, en 2018 se tomó conocimiento de 348 casos, de los cuales 26 se judicializaron, se otorgaron 23 órdenes de aprehensión, 18 personas fueron vinculadas a proceso y se obtuvieron 7 sentencias.
Mientras que en 2019, hubo 440 casos, 37 judicializados, 20 vinculaciones a proceso, y 13 sentencias, en tanto en lo que llevamos de este año, ya se tiene una sentencia. Reconoció, además, que jurídicamente, los casos de trata de personas pueden tomar mucho tiempo en que el presunto responsable sea sentenciado. “Hay casos que han durado tres años, los juicios de amparo nos prolonga los casos”, dijo, tras destacar que por ello actualmente se busca la forma de que las carpetas de investigación se concluyan y judicialicen en seis meses, a fin de que los presuntos infractores sean castigados lo más pronto posible.
Otro de los problemas que advierte Zavala Evangelista es que en el caso de trata de personas, muchas de las mujeres no se asumen como víctimas, porque el sometimiento se da a partir del engaño y están en otra realidad que no es la de víctimas.
Otras –explicó-son sometidas por violencia y las que son llevadas a Estados Unidos, son sometidas advirtiéndoles que dañarán a sus hijos que dejaron en México.
Para terminar con ello, según dijo, se ha incrementado el intercambio de información, “investigaciones proactivas”, a partir de las remesas que llegan de Estados Unidos y que están ligadas a este delito. Estrategia que es aplicada por la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de denuncias compartidas con agencias de Estados Unidos.
Entre las acciones que el gobierno ha realizado contra este delito, el fiscal de la UIF, Santiago Nieto, reveló el bloqueo de cuentas bancarias de redes tratantes de personas, la liberación de cinco órdenes de aprehensión, una de las cuales ya fue cumplimentada, en contra del jefe de una red de trata que operaban en la Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla.
Los miembros de la red depositaban el dinero en efectivo a un tercer sujeto que los ingresaba al sistema financiero mediante varias operaciones, incluyendo la adquisición de inmuebles o vehículos de lujo. Además se identificaron transferencias internacionales y viajes al extranjero, pagados por las cuentas del testaferro de esta organización criminal.
Los montos bloqueados hasta este momento son por 52 millones 618 mil a los cinco integrantes del grupo delictivo, más 53 millones 459 mil relacionados de manera indirecta con sujetos que pertenecían o que tenían algún tipo de operación financiera con estos; además de ello, seis millones de dólares han sido congelados.
Para la doctora Laura Salinas Beristain, Encargada del Despacho de la Coordinación General de Formación y Políticas Públicas en Materia de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, los delitos contra la mujer son cometidos en abuso de poder y tiene una dimensión especial porque se cometen en una relación de poder, donde el que lo comete la tiene sometida por múltiples razones.
“En esas relaciones de poder, por cuestiones culturales, los hombres y las mujeres hemos sido educados de manera distinta. Nos han enseñado que los hombres tiene el poder, a veces la mujer trabaja y gana más, pero está sometida al poder”, afirmó.
