El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, denunció la intromisión del funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez, en el conflicto de la mina Cosalá, en Sinaloa. “El funcionario presiona a los empresarios de Americas Gold and Silver para imponer a Napoleón Gómez Urrutia como representante en la mina San Rafael, parada injustamente desde el 29 de enero de 2020, por golpeadores del senador y líder sindical”.
“Esa intromisión es un acto violatorio al estado de derecho a la autonomía sindical”, afirmó Carlos Pavón Campos, secretario general del Frente, organización sindical que disputa la titularidad del contrato colectivo de trabajo en dicha mina.
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E hizo un llamado a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, para que no solo corrija, sino que destituya al funcionario Salafranca, por violar a nombre de la dependencia a su cargo, la recién reformada Ley Federal del Trabajo, misma que supuestamente garantiza la libertad sindical y la no intromisión de las autoridades en temas sindicales.
Acerca de los antecedentes, señaló que en un acto que nada beneficia a los trabajadores del terruño sinaloense, golpeadores encabezados por Yasser Beltrán cerraron la mina ilegal e injustamente. Por este acto, hay 16 denuncias penales por despojo y otros delitos.
Refirió Pavón ampos que desde el 26 de enero. La mina cuya concesionaria es Americas Gold ad Silver, fue saqueada y devastada por un grupo que se hacen pasar por mineros.
Lleva 15 meses fuera de operaciones esta fuente de trabajo, por motivos que nada tienen que ver con cuestiones laborales. Cientos de trabajadores perdieron su empleo y por ende, dejaron sin sustento a sus familias.
“Ni la empresa ni nuestro sindicato y mucho menos los trabajadores tienen que ver con el cierre de la mina. Ese es un acto ilegal a todas luces por parte de los golpeadores y del que Napoleón Gómez Urrutia busca un beneficio propio en todos los aspectos: desde el transporte a la mina y en todo el proceso”, enfatizó.
Por estos hechos ilegales, el sindicato Frente tiene en su poder un amparo por las irregularidades que se suscitaron durante el recuente por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
“Sin importar estos antecedentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en un acto de abuso de poder, rebasó sus funciones e intenta persuadir y manipular de mala fe a la empresa y al sindicato Frent4e para que desistan de sus denuncias”, señaló.
Y puntualizó: “Hoy, la STPS de la mano de Alejandro Salafranca, viola la Ley Federal del Trabajo y los acuerdos internacionales pactados en el tratado comercial trilateral T-MEC, al interferir y tratar de imponer a fuerza de intimidación a un líder sindical ligado a sus intereses partidistas”.
