Es urgente que las denuncias que llegan al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Electorales Locales (Oples), se resuelvan con prontitud para que la reparación del daño sea integral, seguro y se restablezca el derecho que se violentó, consideró la magistrada del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis.

Durante su participación en el foro virtual ”Legislando por la Igualdad, reformas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género y Paridad, expresó que las sanciones establecidas en las reformas en la materia van desde que el INE le ordene al partido político al que pertenece el candidato que ejerció violencia, a que a través de sus espacios en los medios de información, presente una disculpa pública a su víctima, la reducción del 50% de su financiamiento y hasta la cancelación del registro de la fracción que lo representa.

La ex presidenta del TEPJF se pronunció a favor de que las reformas orientadas a evitar estos delitos de género no se vean afectadas por el Artículo 115 Constitucional que hace referencia que no pueden hacer modificaciones legales 90 días antes del proceso electoral.

En este foro que organizaron las comisiones de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y el Senado de la República y de Gobernación de la Cámara Baja, la directora general de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, María de los Ángeles Lozano MacDonald, reconoció la voluntad y trabajo del Congreso de la Unión al aprobar el decreto por el que se reformaron 8 ordenamientos,

“Con esto, se contará con el medio idóneo jurídico para impedir que queden impunes los hechos que atentan contra los derechos político-electorales de las mujeres que participan en la vida política de este país”.

A su vez, la consejera del INE, Dania Paola Revel Cuevas, manifestó que si bien, casi todos los partidos políticos postulan ahora más mujeres que hombres a las diputaciones, respecto a garantizar el principio de paridad, esto no debe considerarse como un tope, sino un piso mínimo.

También dijo que la asignación de 50% de hombres y 50% de mujeres en candidaturas y nombramientos, ha dado pie a que algunos operadores de la norma interpreten que no se puede poner ni una mujer más, “lo cual es peligroso, porque es un retroceso para su integración en los cargos de elección”.

Y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Laura Angélica Rojas (PAN), se comprometió a hacer las gestiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el

Instituto Nacional Electoral, con el fin de extender el plazo para que las reformas en materia de violencia política sean válidas para las siguientes elecciones locales.