La carne con huevo y las tortillas de maíz recién hechas en el comal comienzan a enfriarse mientras despiden su aroma. El olfato de los hombres armados es incapaz de percibir el olor del almuerzo recién hecho. Poco les importa. Están concentrados en hurgar la casa. Buscan en los cuartos, dentro de los cajones de los muebles y cualquier lugar que les parezca sospechoso para encontrar objetos de valor.
Son apenas las 10 de la mañana de este 16 de octubre de 2020. Elias Gallegos Coria acaba de volver de trabajar en su milpa, y es sorprendido por el grupo criminal que irrumpe su rancho. Junto con su hijo Fredy, esposa y nuera los someten a golpes y lanzan amenazas apuntando con sus armas largas. Así transcurre el día hasta cerca de las 5 de la tarde cuando juntan todo el dinero y las pertenencias de su agrado que encuentran.
El botín son miles de pesos de la venta de unos becerros que vendieron días atrás, lo mismo que papeles de una camioneta y cuatrimotos. No es lo único. Padre e hijo son llevados a la fuerza con un destino incierto. Su familia aterrorizada, sólo ve alejarse al grupo criminal de alrededor de 20 sujetos en los vehículos, sin saber hasta cuando los volverán ver.
Han transcurrido 4 meses con 4 días de aquel hecho y no se sabe nada de Elías, de 62 años de edad, y su hijo Fredy de 41, campesinos de la comunidad de Guajes de Ayala municipio de Coyuca de Catalan, en la tierra caliente de Guerrero. Siguen desaparecidos. Su pecado, al igual que de varios ejidatarios de la región, fue proteger sus recursos naturales forestales, ante la tala ilegal y el saqueo de maderas del grupo delincuencial de El Chano Arreola y su lugarteniente Víctor Espino Córtes, ex vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
La desaparición forzada de estos protectores de bosques, se suman a una lista de hombres y mujeres defensores del medio ambiente, que han sido asesinados, desaparecidos y amenazados en el país en los últimos 10 años. Son agresiones que parecen una espiral de violencia interminable.
“Los orígenes de los ataques a defensoras y defensores ambientales tiene que ver particularmente con grupos de interés, que despojan recursos naturales, territorios o que buscaban imponer megaproyectos o que acosan, persiguen, amenazan, asesinan a líderes de comunidades para conseguir sus fines. En la última década ha habido una espiral de casos contra defensores ambientales”, explica Laura Castellanos, periodista y especialista en el tema.
La también autora de “Crónica de un país embozado”, destaca que dos terceras partes de estos casos, son de comunidades indígenas. Además, que los defensores quedan en una vulnerabilidad ante intereses que van desde lo local, caciquiles, políticos, corporativos, del aparato de Estado, grupos criminales o a veces una mezcla de todos.
De acuerdo con datos del “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. México, 2019”, en el país persiste una situación de violencia en contra de las personas protectoras del medio ambiente..
“De enero a diciembre de 2019 se registraron 39 ataques a personas defensoras de los derechos ambientales. En el periodo, el homicidio fue, al igual que en 2018, la principal agresión cometida contra las personas defensoras del medio ambiente. De los 39 casos de ataques registrados, en 12 de ellos ocurrieron homicidios así como un intento de homicidio (21.1 % del total). En estos ataques fueron asesinadas 15 personas.
“En segundo lugar de las agresiones se ubican las amenazas con 11 casos (19.3% del total); en tercer lugar la criminalización (9 casos) (15.8%), y en cuarto lugar la intimidación (8 casos) (14%). En menor número aparecen las agresiones físicas, el hostigamiento, la difamación, la desaparición forzada, el allanamiento, el robo, la privación ilegal de la libertad, la estigmatización, el secuestro y el uso indebido de la fuerza”, señala el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
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A esto se agrega que en 2020, 14 activistas defensores de derechos humanos en el país fueron asesinados, de acuerdo con un informe publicado por Comité Cerezo de México, entre estas, cuatro de las ejecuciones corresponden a quienes defendían el medio ambiente y dos, su territorio. En este año, el pasado 23 de enero asesinaron a Fidel Heras Cruz defensor comunitario ambiental de Paso de la Reyna, Oaxaca.
Por su parte, Castellanos, quien ha dado seguimiento al tema, tiene una base de datos con 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México, entre 2010 y 2018. En su registro hay 108 asesinatos, entre estos 6 mujeres, y 17 desapariciones, incluida una mujer.
Elías, un campesino generoso en su comunidad y protector bosques
“Él era campesino, cultivaba las tierras, criaba ganado, teníamos muchos animalitos. No tenía problemas con nadie, no se metía con nadie, tal vez su delito era de trabajar, sembraba el maíz y frijol”, platica desconsolada Elvira García, esposa de Elias y madre de Fredy, quien pensó que cuando sujetos armados se los llevaron, pedirían un rescate para que se lo regresaran. No fue así.
Enseguida su hija Adela prosigue, dice que a su padre les gustaba apoyar a la comunidad, al solicitar apoyos de Procampo y fertilizantes para la siembra de los pobladores, lo mismo que prestarles dinero o algún animal a los necesitados del pueblo: “Él era comisariado ejidal y ahora que se lo llevaron era presidente del Consejo de Vigilancia, cuidaba el bosque, el monte, los pueblos. Es lo que más nos duele, no terminamos de entender porqué se lo llevaron. Mi papá jamás le negó un taco o un favor a la gente, nunca se metió en problemas”.
La irrupción del grupo delincuencial de El Chano Arreola y Víctor Espino Córtes, a la ranchería de El Perro, donde vivía la familia Gallegos García, no fue la primera agresión contra el ambientalistas y miembros de su comunidad de Guajes de Ayala. Un ejido que tiempo atrás emprendió un proyecto de aprovechamiento forestal sustentable, pero fue paralizado por la delincuencia.
Poco más de 6 meses atrás, el 30 de marzo de 2020, arribaron con armas de grueso calibre, a bordo de cuatrimotos y camionetas sin placas a la zona boscosa. En compañía de talamontes lo mismo que con grúas de arrastre, maquinaria y camiones, talaron de manera ilegal el bosque y sacaron 13 viajes, hasta que los pobladores lograron pararlos.
Esa afrenta le generó un disgusto a los criminales, y la mañana del 23 de abril, subieron a la sierra a quemar los troncos que no lograron llevarse. Los convirtieron en cenizas provocando varios incendios.
Aunque el preámbulo de esta historia data de 6 años atrás, cuando llegaron a rancho Viejo, ejido de San Antonio Texas (colindante de Guajes de Ayala) en Coyuca de Catalan. Buscaban al dueño José Rauda de 65 años de edad, quien también protegía los bosques. Al lugar arribó el mismo grupo armado amedrentando a su esposa, otras mujeres, un trabajador y niños que se encontraban en el lugar.
“Lo que queremos es que se vayan del rancho, para darle en la madre a todo el bosque y nos vamos a quedar con todas las tierras”, respondieron cuando la mujer de José preguntó qué querían ese 28 de agosto 2014. Al igual robaron todo a su alcance, levantaron a un par de mujeres que más tarde liberaron en otros ejidos. Sin embargo, el acto mas ruin que cometieron fue el asesinato de Lorenso Maldonado Rojas, un trabajador del rancho. Su cuerpo fue encontrado a un kilómetro de ahí, con el cuerpo golpeado y colgado de un árbol. Tenía un hijo de 8 meses.
El pasado 11 de febrero fue detenido Víctor Espino Córtes, a quien también se le acusa de estar implicado en el asesinato de Eduardo Córtes el 25 de septiembre de 2020. Sin embargo, al otro día fue liberado para seguir su proceso en libertad. Ejidatarios de la región denuncian que el sistema penal en Guerrero está muy corrompido, por eso él sigue impune.
En México la defensa de los bosques es la primera razón de causa de asesinato y desaparición contra defensores ambientales, explica Laura Castellanos.
“Los últimos 15 años la actividad de las mafias criminales, una de sus vertientes ha sido el despojo de madera de bosques, de minerales, la toma de fuentes acuíferas, o sirven como brazo paramilitar a intereses corporativos (...) Es una situación realmente grave. En Guerrero, es uno de los estados que han tenido más vulnerabilidad, porque ha habido un desgarramiento de sus territorios, por la actividad criminal en la que por omisión, colusión o corrupción están también involucradas cadenas de distintos niveles del aparato de Estado”, destaca.
Tras la desaparición forzada de Elias y Fredy, Elvira acudió a realizar la denuncia ante autoridades, sin embargo, han sido omisas. "Levantamos una denuncia, venimos aquí en Coyuca y no nos quisieron atender, de ahí nos fuimos a Chilpancingo y no se ha visto que hagan nada", lamenta.
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En estas agresiones existe un gran nivel de impunidad en el que las autoridades correspondientes no intervienen, destaca Castellanos.“O simple y sencillamente si hay un caso de asesinato, persecución, desaparición, no sólo no intervienen, sino que incluso nunca ofrecieron protección a la víctima o a la familia, y el caso se queda sin resolver. Esa es otra forma de violencia institucional de violencia organizada, contra comunidades que defienden sus territorios”, subraya.
Ante el temor de más agresiones, la familia Gallegos Garcías salió de la comunidad y se encuentra desplazada. Su exigencia al gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, es el apoyo para la localización de Elias y Fredy.
"Queremos que nos escuchen, que nos hagan caso y nos ayuden a encontrarlos. No pedimos justicia, lo que queremos es saber donde los dejaron, donde se los llevaron, dónde están. Eso es lo que pedimos y, que pongan un alto a estas personas, para que no sigan haciendo más daño llevándose más gente inocente", sentencian.
