Anualmente, desde los penales salen cinco millones de llamadas de teléfonos celulares, de acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
A través del estudio Estadístico del Número de Terminales móviles y de llamadas de móviles y de casetas telefónicas públicas que operan dentro de penales en el país, 2018-2019, el cual está próximo a ser publicado, el IFT monitoreo las llamadas celulares desde siete penales durante tres semanas, encontrando que se hicieron 301 mil 808, “si se anualiza esta estadística arroja más de cinco millones de llamadas, un incremento de 37 por ciento con respecto al estudio que se hizo en 2017”.
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El estudio, al que tuvo acceso El Sol de México, advierte que tan solo en una semana, en los siete penales revisados, se identificaron 806 equipos terminales sospechosos utilizados por los delincuentes para enlazar llamadas.
De acuerdo con la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, 80 por ciento de las llamadas de extorsión se emiten desde penales, principalmente de la Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas.
El documento indica que tambíén se realizaron 292 mil 905 llamadas desde casetas telefónicas que hay en cada penal.
Por lo que hace a las casetas telefónicas, el estudio duró ocho semanas en las que se analizaron 292 mil 905 llamadas, 96 por ciento realizadas entre las 7:00 y 20:00 horas y el resto entra las 21:00 y las 7:00 horas del siguiente día.
El 3.8 por ciento de las llamadas fueron de larga distancia a Estados Unidos y Canadá, 26 por ciento de llamadas que advierten provienen de un penal, fueron rechazadas.
En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el Gobierno Federal destinó más de 364 millones de pesos a 11 estados para la instalación de inhibidores de señal de espectro radioeléctrico en los penales.
A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, (FASP) los gobiernos en turno asignaron dichos recursos y en la mayoría de los casos, no se sabe quién fue el proveedor, el mantenimiento que se le da a los equipos y si aún siguen funcionando.
Entre 2010 y 2016, los gobiernos panistas y priístas encabezados por los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, otorgaron al gobierno de Chiapas 12 millones de pesos para la instalación de bloqueadores de señal en nueve penales, y al Estado de México la misma cantidad para 12 penales.
Los reportes del FASP señalan que en 2015, Veracruz recibió 13 millones para la instalación de dos bloqueadores y en 2010 la Ciudad de México invirtió 24 millones de pesos en inhibidores de señal para sus 13 penales. En su momento, el gobierno capitalino anunció que la empresa Software DSI SA de CV., fue la que dotó de 155 bloqueadores, mientras que los demás estados no hicieron pública información.
En 2015 la Federación y el gobierno de Michoacán acordaron la trasferencia de 23 millones de pesos para la instalación de bloqueadores de señal en todos los penales de la entidad.
En Morelos, el gobierno informó que el número de inhibidores que había programado tener instalados al final del ejercicio 2013 eran tres, sin embargo, solo se tiene uno instalado y que está en operaciones.
En Sinaloa, en 2015 se destinaron dos millones para inhibidores de penales de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. En Puebla, en 2014 se ejercieron 11.9 millones de pesos para la adquisición de inhibidores de señal. En Tabasco, en 2016, fueron 14 millones para la adquisición de Inhibidor para el centro de reinserción social de ese estado.
A Tamaulipas se destinaron 245 millones y en Nuevo León ocho millones de pesos en 2010. En el resto de los estados no fue posible encontrar los recursos que destinaron a la compra de inhibidores.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que en 17 de 19 penales federales hay bloqueador de señal, y su efectividad se mide mediante equipos especiales realizando pruebas de campo para verificar la completa inhibición de la señal celular al interior de Centros Federales de Re adaptación Social (Ceferesos).
Sin embargo, reservó la información de los contratos hasta 2024, por motivos de seguridad, porque darla a conocerla, “pone en riesgo la seguridad de los penales, servidores públicos y contratistas”.
No obstante, a través de un solicitud vía transparencia, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, encargado del funcionamiento y resguardo de penales federales, señala que entre 2015 y 2017, la entonces
Secretaría de Seguridad Pública Federal, celebró contratos con la empresa Nunvav, INC., para a dotación de tecnología y mantenimiento a las cárceles federales que hay en el país.
Actualmente dicha empresa está bajo investigación por presuntamente haber sido la operadora del desvío de recursos que benefició a Genaro García Luna en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a través de transferencias de recursos públicos hacia Israel, Letonia, Panamá, China, Curazao, Estados Unidos y Barbados.
El órgano administrativo sostiene que más de una tercera parte total de la población penitenciaria dentro de los Centros Federales se encuentra clasificada como de alto riesgo, la cual año con año va en aumento.
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