Se llama Andrea Medina Rosas. Su profesión: abogada. Pronto cumplirá 45 años. Ha luchado para impulsar los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, para tener acceso a la justicia. Hoy precisa: toda la suspensión y demora en el acceso a la justicia fortalece la impunidad social.
Existe un rezago “fortísimo” en la operación de la justicia en México debido a la pandemia por Covid 19. Para el gobierno actual, apunta, los encargados de aplicar la ley no son prioridad. Ni siquiera están contemplados en la estrategia de vacunación anticovid que lleva a cabo la administración federal.
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Las áreas de operación de justicia en temas como discriminación o violencia contra las mujeres siguen siendo sectores con recursos disminuidos, a algunos de sus miembros se les paga por honorarios, muchos han muerto debido al virus, denuncia en la entrevista.
Experta para la ONU en materia de género, Medina Rosas relata que cuando jovencita empezó a estudiar Derecho, no existía ni la mitad de leyes que ahora se han conseguido en el país, para la defensa de las mujeres.
Pregunta: ¿Las mujeres mexicanas tenemos derechos? Responde: “Sí, aunque a algunos les parezca raro. Cuando estudiar Derecho y las mujeres llegaban y decían en el centro de atención que mi madre había fundado, ‘¿qué derechos tengo?’ Es increíble, pero como somos humanas, tenemos todos los derechos humanos. Así fuimos detallando y afinando y reforzando algunos de sus derechos. Pero tenemos todos los derechos”.
Integrante del comité de abogadas defensoras de Basilia Castañeda Maciel, quien denunció la violación a manos del ahora excandidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura de Guerrero, el cual sin embargo no ha perdido sus derechos como militante de esa agrupación, Andrea relató cómo ha sido la batalla para plasmar en la ley en México los derechos de la mitad de la población: las mujeres.
“Hemos hecho girones, moviendo huecos en la estructura jurídica y ahí hemos hecho un proceso muy coordinado a veces consciente a veces no. Adaptados en lo internacional, en lo nacional, en lo local. Por ejemplo, los derechos políticos, las mujeres lograron tener candidaturas primero en los municipios, en lo más local. Y luego logramos el cambio constitucional, entonces siempre estamos en un proceso – de construcción- en los distintos ámbitos o jerarquías de la Ley. No es una construcción de un bloque completo, vamos avanzando en temáticas, en elementos como movimiento, identificando lo más urgente. Por ejemplo, actualmente nuestra agenda sigue teniendo dos ejes centrales que son el derecho a decidir y a decidir en todos los ámbitos, desde la maternidad hasta quién nos representa.
“En la ley de una vida libre de violencia, se busca que se erradique la discriminación y de ahí, se va a una gama muy amplia desde qué pasa en los medios de comunicación, qué pasa en las universidades, qué es una educación libre de estereotipos. Es cierto, a veces una dice, los derechos humanos son 29-30 artículos, pero ya cuando se ve y piensa para la vida cotidiana, aquello es un mar inmenso en donde todas y todos tenemos mucho que aportar”.
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CULTURA DE RECHAZO A LO JURÍDICO
Sostiene la abogada que, desde las teorías jurídicas y el feminismo, se ha logrado afianzar “muy bien” la comprensión de que lo jurídico tiene que ver sí con la norma, formalización de los acuerdos políticos, pero explica, “tan importante como esa norma es quién la opera”.
Es decir, “desde qué institución, qué funcionario público, quién es el secretario ahí, porque la cultura, la propia ideología de quienes están operando puede poner límites o puede potenciar eso que está en la Ley”.
Y cuenta una anécdota al respecto:
“Cuando se aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, que establece las medidas de protección urgentes y eso llevó, a qué no sólo el ámbito penal si no los juzgados civiles tuvieran que realizar guardias 24 horas porque puede ser que en algún momento la mujer lo pida. Las y los jueces dijeron ‘No, no quiero hacer guardias’, hicieron huelga. No querían montar guardia y tuvimos que hacer un proceso y fuimos ahí, a sus juzgados antes de que abrieran las puertas, para capacitar al personal”.
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Y explica que podemos tener la Ley pero si quien la va a operar se resiste, la malinterpreta, la Ley ya no opera. Tan importante como la ley y quien la opera, somos la ciudadanía.
Si se es titular de esos derechos, “somos todas y todos”, y no los conoce, no sabe qué obligación tiene ese operador de justicia, si sólo se sabe que hay derecho a la vivienda, pero no se conocen los elementos para acceder a ese derecho, entonces no se va a poder adquirir. Se hace un círculo vicioso de mucha corrupción, porque, y “me refiero a corrupción no sólo en el sentido de dinero sino en el de intereses y mala aplicación de la ley”.
Y pone más ejemplos. “Si yo no conozco la ley y presento una denuncia penal y el policía de la entrada me dice ‘no, eso ya no se puede denunciar’ y yo no sé nada, pues yo me quedo con que efectivamente no puedo denunciar”.
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Asegura que en cuanto a legislación pro-mujeres se está en un momento muy importante, hay un avance muy formal de la Ley, pero, reitera, quienes tienen que operarla se resisten, hay impunidad.
Continúa didáctica. “Hay quienes se resisten a que se opere, pero hay que plantear dos cosas: además de quienes no operan y se resisten, tienen aliadas ahí, pero también la ciudadanía lo es. Muchas mujeres y hombres no saben eso que está en la Ley, eso que hemos logrado. No exigen de manera adecuada”.
Interrogada si eso pasa a las mujeres, dice: “Sí, por supuesto porque además ahí hay un sesgo de género en el cual a las mujeres nos han dicho que todo lo que tiene que ver con lo público y político, es complicadísimo. No lo podemos entender o no deberíamos saberlo”.
En México, desde su percepción, “hay una cultura de rechazo a lo jurídico, no sólo por ignorancia (por), no querer saber lo jurídico. Hay razones históricas, porque el Derecho se ha usado para someter en este país. Hay una historia muy dura de cómo el poder violento y autoritario se ha sostenido, usando el Derecho. Por ello muchas personas tienen la una idea de que ‘el Derecho es de los malos y corruptos’, al contrario, el Derecho puede ser una herramienta de transformación democrática, de empoderamiento”, contesta.
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La experta también integrante de la Mesa de Juárez, sobre la violencia contra las mujeres, agrega que en materia de género, sobre todo entre las mujeres, existe toda una barrera que romper para decir: “Quiero aprender mis derechos”.
Para atacar esta barrera, la abogada feminista cuenta que el año pasado hizo con la artista Lorena Wolffer, para difundir unas camisetas con la jurisprudencia que dice cómo se debe investigar una violencia sexual.
Seguimos cuestionando si esto sucede desde hace mucho tiempo o si este fenómeno se agudizó con la pandemia ¿Dónde estamos?
“Creo, apunta, que también es importante, porque a veces… a las jóvenes con las consignas de no queremos esa ley y digo, nos ha costado cada ley tanto trabajo…Tendré 45 años este año cuando empecé a estudiar no había ni la mitad de leyes que hay ahora. En 30 años, hay un bagaje jurídico para las mujeres, para la Igualdad, sin precedentes. Entonces ni se hablaba de la violencia en la familia, estábamos exigiendo que se reconociera la violación equiparada, es decir, cualquier persona, no sólo las mujeres, podían ser víctimas de violación”.
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Apunta que es claro que “somos nosotras quienes lo hemos construido, por eso es muy importante entender sobre la responsabilidad que tienen las universidades al no transmitir ni formar para operar estas leyes. Tanto como lo estratégico que es el Estado y el Derecho para hacer transformaciones sociales, hoy es momento de socializarlas para una transformación positiva.
En plena pandemia, las diputadas, aprobaron la reforma sobre violencia política para este proceso electoral. En plena pandemia seguimos avanzando, haciendo, pero si no nos metemos al detalle de “y cómo es el procedimiento que tiene cada partido, quiénes están haciendo las investigaciones de violencia dentro de cada partido”, no se ayudará. Propone “darle vida” a todo lo conseguido. Pues como se ganó “lo podemos perder”, asegura.
Subraya que desde el feminismo y el conocimiento de las leyes, se puede transformar la sociedad de una manera pacífica.
Volviendo al tema de la pandemia habla de cómo afronta el régimen y dice “todo el discurso se ha colocado en el ámbito de la salud, pero la pandemia ha generado la tensión en una crisis no sólo económica, también social, de convivencia. El confinamiento, aunque el presidente no lo quiera reconocer, generó un aumento (de la violencia) contra las mujeres y ante eso, el Estado no miró y sigue sin mirar a todo el personal de la Justicia” cree que, así como el personal de limpieza y el de salud, el personal de justicia debe tener prioridad en la vacunación. Tenemos un rezago fortísimo de todo un año, muchos problemas que están en la operación de Justicia. Muchos se contagiaron, muchos murieron.
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Las áreas que se han especializado en no discriminación, en violencia contra las mujeres siguen siendo las áreas con menos recursos, con personal contratado por honorarios y muchos tienen la mejor voluntad. Sin embargo, no hay estabilidad. En todos los juzgados en este momento, hay un rezago muy fuerte, va a generar una conflictividad social muy intensa. Si de por sí en este país la impunidad es alta…ahora con esto el rezago es altísimo. Hay demandas que se presentaron hace un año. La patria protestad, los divorcios, las custodias, convenios de convivencia. Nuestro gobierno no ha priorizado el acceso a la justicia y si lo vemos en estos principios transversales de los derechos humanos, pues está atentando contra uno de ellos. La impunidad es una de las más graves agresiones a derechos humanos”.
Y finaliza: “Toda esta suspensión, demora en el acceso a la justicia es un fortalecimiento de esa impunidad social”.
Con la colaboración de Sara Uribe
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