El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, con 291 votos a favor, 142 en contra y 1 abstención, reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para establecer ambientes seguros para la defensa de sus derechos humanos y el libre ejercicio periodístico de los comunicadores, defensores y sus familias en entornos físicos y digitales.

Dentro de las disposiciones más relevantes de esta reforma, los diputados acordaron que los tres niveles de gobierno tendrán que establecer acciones y procedimientos entre sí, para crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del derecho a informar, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, en los entornos físico y digital.

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Asimismo, se estipula que las dependencias de Estado, entidades de la Federación, las Entidades Federativas y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho.

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Las reformas señalan que estas entidades también estarán obligadas a promover el apoyo y colaboración de las instituciones para garantizar que las personas en situación de desplazamiento tengan la posibilidad de continuar ejerciendo sus labores.

En cuanto a las medidas de protección para los periodistas y defensores en riesgo, se prevé que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas implementará políticas y metodologías de evaluación de riesgo, las cuales tendrán un apartado que permita identificar las medidas específicas que se adopten en materia de perspectiva de género y enfoque diferencial, para generar un sistema de indicadores para su evaluación del mismo.

Asimismo, se especifica que la Junta de Gobierno del Mecanismo, estará conformada por once miembros permanentes y que esta Junta establecerá Medidas de Carácter Social encaminadas a proporcionar y otorgar condiciones necesarias para tener una calidad de vida digna durante el periodo que la persona defensora de derechos humanos o periodista y, en su caso, su familia se encuentre en situación de desplazamiento.

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