Ante la ola creciente de asesinatos de defensores de Derechos Humanos y periodistas, la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Gobernación, reformará el artículo 6º y el 73 de la Constitución para proteger al gremio periodístico y a activistas.
Esta reforma pretende incluirlos en la Constitución mexicana a fin de garantizar su derecho a expresarse, ello mediante una nueva ley que redunde en una renovada política pública integral para salvaguardar su actividad y su vida.
También, se modificaría el Mecanismo Integral de Protección para Periodistas y en ella se incluye a los defensores de Derechos Humanos, con lo que se obliga al Estado a atender su responsabilidad fundamental de respetar, proteger, garantizar y promover la libertad de expresión, el derecho a la información de la sociedad, así como a defender los derechos humanos.
Dicha propuesta, parte de una iniciativa ciudadana realizada por más de 123 organizaciones con presencia en más de 25 estados de la República y más de 100 ciudadanos, misma que fue discutida en un ejercicio de parlamento abierto en varias mesas de trabajo.
El proyecto de reforma constitucional, al cual tuvo acceso El Sol de México, planeta incluir en el artículo 6º la figura de los defensores de Derechos Humanos en la Constitución para estipular que la libertad de expresión sea “un derecho de todos los mexicanos, pero se considera de interés público la actividad que realizan las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, por ser actividades de alta responsabilidad y servicio social que deben ser reconocidas, respetadas, auspiciadas y protegidas por el Estado”.
Respecto a las reformas al artículo 73, en su inciso a) de la fracción XXI, se busca que el Congreso tenga la facultad de establecer los tipos penales y sus sanciones para los delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos y que “las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.”
El proyecto de decreto expediría también la Ley General para respetar, proteger, garantizar y promover a las personas defensoras de los Derechos Humanos y periodistas. Además se crearía un Mecanismo Integral de Protección para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de garantizar y promover la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.
Con ello, se establecerían sanciones y obligaría la coordinación y cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para “implementar y operar las Medidas de Prevención” hacia el gremio.
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