La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció que en los Centros de Reinserción Social de Baja California y Puebla persisten prácticas de tortura y de maltrato para los internos.
En el caso de Baja California, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNTP) documentó las anomalías en seis penales diferentes en Tijuana, Ensenada y Mexicali.
La recomendación fue dirigida en específico para los Secretarios de Gobierno y Seguridad Pública estatales, Francisco Rueda Gómez y José Fernando Sánchez González, respectivamente, ambos con la responsabilidad de las instalaciones.
"Persisten el encierro de los indiciados las 24 horas de día y sólo salen una hora a la semana, los malos tratos por personal de seguridad (gritos humillaciones, golpes, discriminación y amenazas), y la carencia de servicios de salud y medicamentos", se reseñó.
La Comisión Nacional señala la falta de mantenimiento e higiene en las instalaciones, insuficiencia de planchas, colchonetas y cobijas, alimentación de mala calidad y escasa, insuficiente personal de seguridad y falta de actividades deportivas, educativas y laborales, que representa el 24.55 por ciento de un total de 167 factores de riesgo que no se han mitigado en esos lugares".
En Puebla, el apercibimiento fue para Fernando Luis Manzanilla Prieto, Secretario de Gobierno, y también para Miguel Ildefonso Amezaga Ramírez, de Seguridad Pública estatal.
También a presidentes municipales de Acatlán de Osorio, Libres, San Pedro Cholula y Tepeaca, de esa entidad federativa, sobre los Centros de Reinserción Social, Distritales y Regional, en los que persisten sobrepoblación, falta de servicio de salud y medicamentos", se añadió.
En estos Ceresos se documentaron irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, inexistencia de manuales de procedimientos y protocolos para prevenir y atender incidentes violentos.
" En agosto pasado también se detectaron reglamentos no armonizados con la Ley Nacional de Ejecución Penal, falta de áreas exclusivas para mujeres, aparatos telefónicos, personal de seguridad, médico y técnico, de privacidad en las certificaciones médicas, así como de capacitación en materia de derechos humanos, prevención de la tortura y Protocolo de Estambul”, manifestó la CNDH.
"Además de insuficiencia de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas mayores o con discapacidad física, lo que en suma representa el 49.36 por ciento de las irregularidades que persisten en esos lugares".