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En México, 85 por ciento de las víctimas del delito de trata de personas son mujeres y niñas, debido principalmente a la inequidad de acceso a oportunidades educativas y laborales a las que se enfrentan, indica un informe realizado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el documento Evaluación de la Política Pública contra la Trata de Personas, la falta de oportunidades laborales y de educación incrementa aún más la vulnerabilidad de mujeres y niñas si se toma en cuenta que existen “estereotipos que contribuyen a verlas como mercancías que pueden venderse, rentarse o desecharse”.
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El informe señala que en promedio a nivel mundial 65 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y niñas, lo que significa que el país supera la tendencia mundial en 20 puntos porcentuales.
A esto se suma el hecho de que los perfiles de las víctimas difieren según su forma de explotación. Es decir, mientras que las mujeres y las niñas son víctimas de trata de personas con fines de carácter sexual, por regla casi general, los hombres y niños lo son con fines de trabajo forzado.
Para hacer más profundo el estudio sobre este delito, la ASF identificó cuatro regiones del país en las que se observan y diferencian los perfiles de las víctimas, sus principales modalidades de explotación y las características que fomentan o favorecen la trata de personas.
En la zona norte del país las víctimas suelen ser migrantes e indígenas que son explotadas principalmente con fines sexuales, para actividades del crimen organizado y trabajo forzado, situación propiciada debido a que esta zona tiene cercanía con la frontera de Estados Unidos, por lo que hay un alto grado de deportaciones.
Para la zona sur, en cambio, la ASF identificó que las principales víctimas son niñas indígenas de entre 10 y 16 años, población LGBTI+ y hombres adolescentes y adultos que son explotados para trabajo de construcción, servicios domésticos y venta de productos en zonas turísticas, sobre todo por su alta presencia de población indígena, así como los usos y costumbres de las poblaciones locales.
Con base en información de la Fiscalía General de la República y un informe de Hispanics in Philanthropy, red transnacional de fundaciones, la Auditoría también pudo identificar que en la región del Bajío las principales víctimas son migrantes, mujeres adolescentes y adultas y población indígena explotadas con fines sexuales, laborales y trabajo forzado.
Mientras que para la zona centro se identifica que las víctimas son en su mayoría jóvenes de 16 a 22 años.
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