El cambio climático coloca a México en riesgo de seguridad alimentaria, vulnerabilidad de la población (501 muertes) y de reducción y pérdida de especies, advierte la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2018 entregada a la Cámara de Diputados.
Durante el año que se informa al Congreso, no se aplicó una política nacional de cambio climático integral y transversal con un enfoque de coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participan en su operación, no dispusieron de atribuciones específicas e instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación, investigación científica y tecnológica, prestación de servicios, otorgamiento de subsidios y evaluación de su contribución a la atención del problema en la frecuencia y severidad de los efectos.
La ASF detalla el incremento en la temperatura, las variaciones en la precipitación y la intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos, que sitúan al país en una condición de vulnerabilidad social y económica, debido a las afectaciones en sectores productivos como la agricultura.
El incrementó, la frecuencia y severidad de los desastres naturales, tiene un impacto directo en pérdidas humanas y los costos económicos, por eso la ASF recomienda fortalecer la política de cambio climático para lograr mejores resultados.
PÉRDIDA DE VIDA Y ESPECIES
Además de ocasionar daños materiales y económicos, también son causantes de pérdidas humanas, cifra que, en los últimos 19 años, se ha incrementado en 12.2% en promedio anual, al pasar de 63 personas en 2000, a 501 en 2018.
El factor de mayor impacto en la pérdida de ecosistemas y su biodiversidad y, por ende, de los servicios ambientales, ha sido la deforestación causada por las actividades agropecuarias, por lo que es indispensable frenar o disminuir drásticamente dicha actividad en el país.
En México se han extinguido 127 especies vegetales, de las cuales 74 eran endémicas. Y debido al cambio climático, México perderá en los siguientes 30 años una alta proporción de bosques de coníferas y encinos y gran parte de la vegetación de sus desiertos. Se prevé que para el 2050, cuando menos 15 mamíferos terrestres reducirán en 50.0% su rango de distribución; de éstos, nueve especies endémicas perderán más del 80.0% de su rango de distribución histórica, y al menos 13 incrementarían en el doble o más su área de distribución.
El documento especial de la ASF destaca que se otorgaron 12 mil 968 subsidios por un monto de 3 mil 188.1 millones de pesos, para la elaboración de estudios, capacitación, proyectos de restauración forestal y reconversión productivo, silvicultura, abasto, transformación y comercialización, servicios ambientales, plantaciones forestales comerciales, la realización de estudios técnicos, proyectos de monitoreo biológico y la conformación de comités de vigilancia comunitaria en las áreas naturales protegidas, promover proyectos de infraestructura básica, complementaria, equipamiento urbano, y mejoramiento de la vivienda impulsar y consolidar proyectos productivos de la población indígena; elaborar proyectos de Investigación y desarrollo tecnológico de las empresas, y para el acceso a los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento.
Sin embargo, los programas de subsidios exhibieron áreas de opacidad en la aprobación, comprobación del cumplimiento normativo, la entrega del recurso y su seguimiento, además de una desvinculación con la estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
En tanto, la revisión de los resultados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), mostraron que en materia de visitas de inspección industrial, en los últimos seis años logró una cobertura marginal del 10.0% al inspeccionar a 19 mil 439 establecimientos respecto de los 193 mil 986 que conformaron el padrón vigente en 2018.
Hay que recordar que México está entre los primeros 15 países con mayores emisiones de contaminantes.
El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) se integra por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático (C3); las entidades federativas; las asociaciones de autoridades municipales; y el Congreso de la Unión.
