La empresa militar para administrar cuatro aeropuertos y el Tren Maya que quiere crear el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene varios precedentes, y uno de ellos es el polémico Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) de Nicaragua.
Este organismo es el encargado de administrar las inversiones y pensiones del ejército nicaragüense, aunque se desconoce a ciencia cierta el manejo público de los recursos y los fondos con los que cuenta actualmente.
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Su fundación se remonta a septiembre de 1994, durante el mandato de la presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, que se vio envuelto en una crisis de desempleo, privatización de empresas del Estado, austeridad fiscal y recortes presupuestales en materia de salud pública.
Para establecer el IPSM se vendió una flota de helicópteros y vehículos militares a los ejércitos de Perú y Ecuador, con lo cual se obtuvieron recursos por casi 15 millones de dólares.
Según el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar de aquel país, entre sus principales actividades están ofrecer planes de ahorro y pensiones complementarias, programas para préstamos hipotecarios, financiamientos personales, y cualquier otro plan de asistencia o mejoramiento social que autorice la administración en turno.
No obstante, todos estos beneficios se pierden si el personal castrense es dado de baja, ya sea por deserción o sentencia de algún tribunal militar.
El sueño del presidente López Obrador consiste en crear una empresa desde las Fuerzas Armadas para administrar los aeropuertos de Chetumal, Palenque, así como también los futuros puertos de Santa Lucía y Tulum, y al menos tres tramos del Tren Maya.
Según las palabras del mandatario mexicano, con las ganancias de dicha administración, totalmente militar, se podrán financiar las pensiones o planes de ahorro para el retiro del ejército mexicano.
“Primero, porque tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla y qué mejor que dejársela a las Fuerzas Armadas y que tenga como propósito el financiar las pensiones de marinos y de soldados. Ese es un objetivo”, comentó el fin de semana pasado en una gira por Quintana Roo.
“Una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente, y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas”, adelantó el mandatario mexicano.
EL MODELO NICARAGÜENSE
Una auditoría de la firma Price Water House Cooper (PwC) reveló que en 2009, el polémico IPSM tenía inversiones en Wall Street, así como también en algunas instituciones financieras de Nicaragua y Panamá.
Los activos de la institución también son invertidos en bienes raíces, como hoteles o complejos residenciales, hospitales y tiendas de conveniencia o autoservicio.
Los recursos se obtienen a través de las empresas que el IPSM administra y que ha ogrado adjudicarse con el paso de los años, muchas de ellas con capital propio o con socios inversionistas.
De acuerdo con el portal de noticias de nicaragüense Confidencial, desde el siglo pasado el IPSM es dueño de Coniasa y Fetesa, empresas de construcción y venta de maquinaria industrial; también es socio de la aseguradora ASSA y el Banco de Finanzas. Hasta 2012, según una serie de auditorías y fuentes castrenses, los fondos del instituto rondaban entre los 90 y 100 millones de dólares.
La junta directiva del IPSM está conformada por generales, coroneles y más personal militar, quienes responden ante el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio Avilés.
En mayo de 2020, Avilés y Adolfo Acosta Montalván, ministro de Hacienda y Crédito Público, fueron acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por negarse a desmantelar las fuerzas paramilitares después del boicot social que vivió Nicaragua en abril de 2018.
Además, fueron señalados por proporcionar armamento para reprimir las protestas por la reforma al sistema de pensiones, la cual fue aprobada sin consenso de los empresarios y, como en México, obligaba a elevar el monto de las aportaciones para trabajadores.
Cuatro meses después de estos hechos, Grupo ASSA compró 25 por ciento de las acciones del Banco de Finanzas. Según analistas financieros de Panamá y Nicaragua, la transacción se realizó para “proteger” a ASSA y el Banco de las sanciones del gobierno estadounidense.
No obstante, el Departamento del Tesoro bloqueó todos los bienes y cuentas de Avilés y Acosta en Estados Unidos.
EL PLAN MEXICANO
Desde el anuncio en Quintana Roo, el presidente López Obrador no ha revelado información adicional para la constitución de esta empresa. Sin embargo, este 14 de diciembre, a través de la Sedena y Banjercito, se creó la empresa “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V.” para administrar y explotar los derechos de estas nuevas instalaciones ubicadas en Santa Lucía, Estado de México.
Según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta compañía fue creada con una aportación inicial de un millón de pesos, de los cuales 990 mil pesos corresponden a Sedena y el resto fue puesto por Banjercito.
La firma podrá administrar, operar, explotar y construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, prestando los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales necesarios. Estas actividades podrán ser con algún tercero.
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